Es reprochable ver cómo la corrupción golpea a uno de los sectores más sensibles del país: el sistema estatal de salud. Sí. Lo ocurrido con la fallida construcción de la casa asistencial de Pedernales-Manabí jamás debe repetirse.
Un año después de que el terremoto azotara a esta población, quienes entonces ostentaban el poder anunciaban pomposamente el diseño de un Hospital Básico con 30 camas, consulta externa, rehabilitación, laboratorio, emergencia, residencia médica, farmacia y hasta un centro quirúrgico.
Solo fueron promesas. Hoy, los 5 000 m2 habilitados para este proyecto están desolados. USD 7,3 millones entregados para la construcción fueron desviados. Un exlegislador está preso. Otro parlamentario se halla prófugo. El procurador del consorcio que se hizo cargo de la obra también está encarcelado. Quienes le asignaron la tarea igual son procesados o buscados por la Policía.
Está bien que la justicia haga su trabajo, pero hay otro problema: cuando se presentan enfermedades complicadas, los usuarios deben viajar a Manta, Portoviejo, Guayaquil o Quito. ¡Una pena!
En Pedernales son atendidos en un hospital móvil, levantado con contenedores y cubierto con carpas. Allí se curan infecciones estomacales, dengue, sika, chikungunya, etc.
En esa población habitan 63 441 pobladores y se reportan 329 casos de covid. Hoy más que nunca, los ciudadanos necesitan atención.
Ante las promesas incumplidas, ellos solo piden que el hospital móvil no se retire. Es una de las pocas alternativas para hacerse atender. No creen en ofrecimientos. Las cinco manifestaciones tampoco han dado resultados.
Bajo el debido proceso y el derecho a la defensa, los responsables de esta trama de corrupción deben responder en los Tribunales.
Los operadores de justicia están obligados a determinar hasta al último nombre de los involucrados. Por ahora, la Fiscalía abrió una indagación por el denominado “reparto de hospitales”. Antes ya recabó el testimonio de ocho legisladores. Que se conozca la verdad.