Indigna saber que el 25% de choferes (3 426) que manejan buses intra e interprovinciales no pasaron la prueba teórica y aun así conducen.
Dentro de Pacto Vial -instancia promovida desde las esferas más altas del Gobierno- hay serios cuestionamientos y pedidos para que los reprobados dejen la actividad hasta que sean capacitados.
Pero la única respuesta de la autoridad es que hay que cumplir una resolución aprobada por la Agencia de Tránsito y que ese documento no contempla sacar de sus puestos a los conductores que reprobaron.
¿No hay forma de modificar decisiones? o ¿no se quiere hacer cambios para beneficiar a un gremio? ¿Por qué no miden también si entre los choferes existe compromiso para el cambio? Parecería que no lo hay.
Los transportistas de Imbabura ya lo demostraron en noviembre. No quieren control a la velocidad, se resisten a afiliar al personal, buscan flexibilidad en las sanciones, no soportan que se cree una competencia que mejore los servicios. Rechazan todo.
Ahora buscan más poder con la política. Hay transportistas candidatos en Manabí y en Guayas. Antes, algunos fueron asambleístas, gozaron de poder con el correísmo.
Esas aspiraciones deberían ir de la mano de un mejor servicio en sus unidades y una perfecta capacitación de su personal.
No es posible que en la primera fase de la evaluación, los choferes hayan tenido problemas para responder preguntas básicas como estas: ¿Qué significa la señal de Pare? ¿En qué situación se usa el pito? ¿Qué significa la luz intermitente del semáforo? ¡Increíble!
Las personas que se encuentran directamente involucradas han pedido que se les permita seguir con su labor mientras pasan la reactualización de conocimientos. La Constitución (art. 33) garantiza el derecho al trabajo, pero de por medio también hay decenas de vidas humanas que a diario se trasladan en los buses. De enero a noviembre, los 23 181 accidentes reportados en el país dejaron 1 954 muertos. Hay que frenar esta catástrofe.