Los ecuatorianos que tienen capitales depositados en el exterior están obligados a declarar y tributar en Ecuador sobre los rendimientos financieros que esos dineros produzcan, pero no todos lo hacen. Rastrear esos recursos es una tarea compleja tanto para autoridades tributarias como judiciales, más si los dineros llegan a paraísos fiscales. Aunque no hay proyecciones actualizadas, datos del SRI del 2016 estimaban que hay unos USD 40 000 millones fuera del país.
Ecuador busca cercar el problema. En octubre del año pasado se adhirió a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que permitirá el intercambio automático de información financiera y tributaria entre los países que son parte del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Tributaria. Por primera vez las entidades financieras, aseguradoras y otros custodios de valores de Ecuador reportarán esa información al SRI, entidad que intercambiará esos datos con 154 países que forman parte del Foro.
De esas naciones y territorios, 40 son paraísos fiscales que también se han adherido a la iniciativa en los últimos años gracias a la presión internacional generada luego del escándalo ‘Panamá Papers’. En el listado están, por ejemplo, países y territorios como Panamá, Barbados, Aruba, Bahamas, Curazao, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, entre otros.
El cerco a los paraísos fiscales se complementará con un proyecto de Ley de Repatriación de Capitales, que se incluirá en el paquete de reformas denominado Ley de Fomento Productivo 2, que remitirá el Gobierno en marzo próximos, según anunció en enero pasado el ministro de Productividad, Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana.
La iniciativa legal permitirá, como funciona en otros países, recaudar impuestos sobre ingresos obtenidos en el exterior y no reportados a la autoridad tributaria.