9 de diciembre de 2019 00:00

Trámite para sacar a Paola Pabón de la cárcel se inicia este 9 de diciembre 

Paola Pabón compareció a la Asamblea  Nacional el pasado 10 de noviembre

Paola Pabón compareció a la Asamblea Nacional el pasado 10 de noviembre. Foto: API

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Sara Ortiz
Redactora (I).

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La defensa de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, del exlegislador Virgilio Hernández y del activista político Christian González tiene dos vías para lograr su liberación. La primera es una solicitud de hábeas corpus y la otra, un pedido de revocatoria de la prisión preventiva.

Para el abogado Fausto Jarrín, el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgue medidas cautelares a favor de los tres significa “un argumento muy fuerte” que facilitará la liberación.

En siete páginas, el organismo internacional analiza la detención de la Prefecta, de Hernández y de González. En la página 5, la CIDH aclara que no le corresponde pronunciarse si los tres son o no responsables penalmente por los hechos que se les imputa. Tampoco hace un estudio sobre si los jueces o fiscales del caso cometieron supuestas violaciones al debido proceso. La Comisión indica que únicamente se refiere a la situación de “gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable” que podrían sufrir los tres sospechosos al encontrarse detenidos.

Pabón, por ejemplo, indicó que las autoridades del Gobierno hicieron declaraciones públicas en las que culparon al correísmo de las protestas de octubre pasado. Dijo que a partir del hecho ha recibido constantes amenazas contra su vida en el interior de la cárcel de Cotopaxi.

“El peligro contra su vida reside en las continuas requisas a su celda y en la aparición de armas en la celda de la Prefecta”, señala la CIDH. La funcionaria le indica al organismo internacional que en una requisa hallaron cinco cuchillos en su celda. Y dijo que circuló la noticia en la cárcel de que las armas serían usadas para “acabar con la escoria correísta”.

En su caso, estar detenida también pone en riesgo su cargo de elección popular, sostiene su abogado, Ramiro Aguilar. Según él, el Estado debe garantizar “a través de su liberación” que la Prefecta no sea despojada de sus funciones sin que exista una sentencia en firme, sobre todo porque su licencia de 60 días sin sueldo terminó ayer.

Hernández, por su parte, indicó a la CIDH que el arresto le ha causado estrés porque, según él, ha recibido “constantes amenazas” en contra de su vida e integridad. Como prueba, el exlegislador presentó una copia de un correo electrónico enviado por opositores en el que se habla de hacer “limpieza de la escoria correísta”.

Sobre González, la CIDH dice que él expuso su grave situación de salud como uno de los argumentos para que se le otorguen las medidas cautelares. Señaló que había sido diagnosticado con un tumor cerebral (microedenoma hipofisiario) que le provoca dolores de cabeza y que por ese motivo requiere de acompañamiento médico.

La CIDH, en su resolución, indica que durante la visita que hizo a Pabón en la cárcel de Cotopaxi pudo “constatar el clima de hostigamiento”. Señaló que la delegación oficial fue fotografiada y que no tuvo las condiciones adecuadas para mantener una entrevista con ella “debido a la actitud percibida de parte de las autoridades carcelarias”.

En cambio, el Estado aseguró que la orden de prisión preventiva contra los tres sospechosos fue ordenada por jueces “dentro del marco de legalidad y respeto al debido proceso. Además, el Estado sostuvo que la privación de la libertad no significa que haya una “urgencia” para proteger o dar medidas cautelares para personas que dicen sentirse en riesgo.

Hoy, los demás abogados de Pabón, Hernández y González acudirán a la Corte Provincial de Pichincha. Allí presentarán sus recursos legales y esperarán que los jueces convoquen a una audiencia.El pedido será analizado por los jueces y ellos decidirán si conceden la excarcelación.

“Lo que nosotros vamos a hacer es activar los mecanismos correspondientes dentro de la Función Judicial y solicitar a los jueces que nos brinden garantías. No se tiene que entender que la CIDH tenía que resolver o, peor aún, sentenciar”, dijo Jarrín.

Para la Fiscalía, la imputación por supuesta rebelión se fundamenta en evidencias como las escuchas telefónicas, por ejemplo. En las conversaciones interceptadas a los tres detenidos se hallaron diálogos sobre posibles “instigaciones” para que la gente saliera a las calles y protestara contra el Gobierno.

La Fiscalía también ha señalado que Hernández, por ejemplo, escribió en su cuenta de Twitter: “o cae el paquetazo o se cae el Gobierno”. Se investiga también si hubo financiamiento y apoyo para el equipamiento de los manifestantes y su logística.

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