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El relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y protección de los derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Ben Saul, publicó un informe en que se análisis los ataques de Estados Unidos (EE.UU.) a embarcaciones de Ecuador en el Pacífico Oriental, en el contexto del combate al narcotráfico y el terrorismo.
Ben Saul, relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), publicó la nota informativa “Matar a ‘narco-terroristas’ en el mar: La legalidad de los ataques militares contra grupos criminales y el tráfico de drogas bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y otras leyes internacionales aplicables”.
El informe cuestiona la legalidad de los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas y aborda tres casos relacionados con pescadores ecuatorianos ocurridos entre enero y marzo de 2026.
El documento señala que, desde septiembre de 2025, se registraron al menos 68 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, fuera de las aguas territoriales de Estados Unidos, con un saldo de 223 personas muertas. El relator especial, Ben Saul, sostiene que existen motivos razonables para considerar que estos hechos podrían constituir el crimen de lesa humanidad de asesinato bajo el derecho internacional consuetudinario.
El informe también cuestiona la aplicación del derecho a la legítima defensa, del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales que regulan las operaciones en el mar. Según el documento, el tráfico de drogas, por sí mismo, no constituye un ataque armado que habilite a un Estado a emplear fuerza militar letal en legítima defensa.
Uno de los capítulos del documento recoge los casos de los pesqueros Fiorella, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, que desaparecieron o fueron atacados mientras operaban en el Pacífico oriental.
El Fiorella desapareció el 20 de enero de 2026, después de zarpar de Jaramijó, en Manabí. De sus 10 tripulantes, ocho permanecen desaparecidos. Amnistía Internacional reconstruyó la ruta de la embarcación mediante datos del sistema de monitoreo de embarcaciones y señaló que, antes de perderse el contacto, la tripulación había reportado vigilancia mediante aeronaves, drones y una patrullera que los familiares identificaron como estadounidenses.
El caso llegó al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que emitió acciones urgentes en favor de los ocho pescadores desaparecidos y solicitó su búsqueda inmediata y la investigación de los hechos.
En marzo, los pesqueros La Negra Francisca Duarte II y Don Maca fueron atacados por drones, según testimonios recogidos por Human Rights Watch. Los sobrevivientes señalaron que fueron trasladados a una embarcación cercana por personas que identificaron como ciudadanos estadounidenses armados y posteriormente entregados a la Guardia Costera de El Salvador.
Human Rights Watch indicó que cuatro tripulantes sufrieron heridas graves en estos hechos y que, pese a sus investigaciones y consultas a autoridades ecuatorianas y estadounidenses, quedaron preguntas sin respuesta sobre lo ocurrido y sobre el papel de cada país. Estados Unidos negó su participación en los incidentes y las autoridades ecuatorianas no confirmaron que los ataques hubieran ocurrido como fueron descritos por los sobrevivientes.
El documento también recoge el asesinato de la fiscal ecuatoriana Alexandra Bravo, ocurrido el 14 de junio de 2026 en Manta.
Bravo estaba vinculada a la investigación sobre la desaparición del Fiorella. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) señaló posteriormente que representantes de esa organización y de Amnistía Internacional se reunieron con el nuevo fiscal a cargo del expediente.
La investigación sobre el asesinato de la fiscal y la relacionada con las embarcaciones corresponden a procesos distintos y deberán determinar las responsabilidades que correspondan.
El informe también aborda las operaciones militares realizadas entre el 1 y el 6 de marzo de 2026 en la comunidad de San Martín, en la provincia de Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia.
Human Rights Watch documentó este caso en su informe A Dangerous Partnership: Abuses, Unanswered Questions, and US-Ecuador Security Cooperation. La organización señaló que las autoridades ecuatorianas y estadounidenses describieron la operación como una acción conjunta, aunque no se hizo público el papel específico que tuvo cada fuerza.
Según Human Rights Watch, durante la operación soldados ecuatorianos detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro trabajadores colombianos. La organización también sostuvo que tres propiedades fueron incendiadas y que posteriormente dos fueron atacadas con municiones lanzadas desde el aire.
Estos hechos también fueron objeto de una comunicación de expertos y procedimientos especiales de Naciones Unidas a Ecuador. La comunicación ECU 4/2026, de mayo de 2026, recoge denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, intimidación, desapariciones forzadas, destrucción de bienes y riesgo de desplazamiento forzado durante la operación.
El documento señala que el papel preciso de Estados Unidos en las operaciones terrestres realizadas en Ecuador no ha sido esclarecido públicamente.
Una comunicación de procedimientos especiales de Naciones Unidas dirigida a Estados Unidos también expresó preocupación por el apoyo militar proporcionado por el Comando Sur en Ecuador, en el marco de las operaciones contra el denominado “narcoterrorismo”, y señaló que la naturaleza, alcance y fundamento jurídico de esas actividades no habían sido aclarados públicamente.
En el caso de San Martín, tanto Ecuador como Estados Unidos describieron la operación como una acción conjunta o coordinada. Human Rights Watch señaló, sin embargo, que ambos gobiernos no habían explicado de manera pública el papel específico de sus respectivas fuerzas.
El informe también analiza el Decreto Ejecutivo 424, emitido por el Gobierno de Daniel Noboa el 18 de junio de 2026, en el contexto del conflicto armado interno y de la cooperación internacional en materia de seguridad.
El decreto establece disposiciones para las operaciones contra organizaciones consideradas amenazas a la seguridad nacional y contempla la cooperación de fuerzas extranjeras.
El documento advierte que los acuerdos que otorguen inmunidades a personal extranjero no pueden, por sí mismos, eliminar las obligaciones internacionales de los Estados de investigar posibles violaciones de derechos humanos, establecer responsabilidades y garantizar recursos efectivos a las víctimas.
Sobre la campaña estadounidense contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, el relator especial Ben Saul sostiene que las acciones no estarían justificadas por el derecho a la legítima defensa cuando las personas a bordo no representan un ataque armado contra Estados Unidos.
El documento también sostiene que no se cumplen las condiciones para aplicar el derecho internacional humanitario como marco que permita tratar a las embarcaciones y a las personas a bordo como objetivos militares.
En materia marítima, el informe señala que las operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas deben regirse por las normas internacionales aplicables a la interceptación, abordaje y uso de la fuerza. Estas reglas exigen que la fuerza sea necesaria y proporcional y contemplan el deber de prestar auxilio a personas que se encuentren en peligro en el mar.
El documento cuestiona además la efectividad de una estrategia basada en operaciones militares letales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.
El relator especial sostiene que esta política no ha demostrado ser suficiente para reducir de manera sostenida el suministro de cocaína y advierte sobre el desplazamiento de las rutas del narcotráfico hacia otras zonas.
El debate ocurre mientras Estados Unidos mantiene una campaña militar contra organizaciones que considera vinculadas al narcotráfico y a las que ha designado como organizaciones terroristas.
El informe también incorpora como antecedente las operaciones militares estadounidenses realizadas en Venezuela en enero de 2026, incluida la operación en la que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.
La acción fue presentada por Washington como una operación vinculada a la aplicación de la ley y al combate contra el narcotráfico, mientras que distintos análisis jurídicos han cuestionado el uso de la fuerza y sus implicaciones bajo el derecho internacional.
El documento sostiene que las operaciones militares en territorio venezolano excedieron las funciones tradicionales de aplicación de la ley y plantea cuestionamientos sobre soberanía, uso de la fuerza e inmunidad de los jefes de Estado.
En conjunto, el informe vincula los ataques marítimos, las operaciones militares en Ecuador y la intervención estadounidense en Venezuela con un debate más amplio sobre los límites del uso de la fuerza militar para combatir el narcotráfico y sobre las obligaciones de los Estados frente a posibles violaciones de derechos humanos.
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