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Un juez constitucional de la Unidad Judicial Civil con sede en Manta admitió a trámite una acción de hábeas corpus instructivo presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) a favor de los pescadores de la embarcación Conquista 2.
La embarcación Conquista 2 fue interceptada en una operación coordinada entre EE.UU. y Ecuador el miércoles 2 de septiembre, en altamar, frente a las costas de Manta.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) presentó la acción de hábeas corpus instructivo a favor de los pescadores. La audiencia fue convocada para el sábado 5 de septiembre de 2026, a las 10:00, en el Palacio de Justicia de Manta.
Según el comunicado del CDH, la acción está relacionada con la interceptación de la embarcación en el marco de un operativo coordinado entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y Estados Unidos. El Comité califica el procedimiento como una interceptación ilegal.
El juez dispuso que varias instituciones comparezcan a la diligencia y entreguen información relacionada con las personas retiradas de la embarcación.
Entre las entidades notificadas están el Ministerio de Defensa Nacional, la Comandancia General de la Armada, la Comandancia de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y la Comandancia General de la Policía Nacional.
Estas instituciones deberán informar sobre cualquier actuación relacionada con la recepción, custodia, traslado o restricción de libertad de los pescadores.
Además, si alguno de ellos se encuentra privado de libertad por disposición de una autoridad ecuatoriana, deberá ser presentado en la audiencia junto con la autoridad responsable de su custodia y su defensor o defensora pública.
El juez convocó a otras instituciones para aportar información que permita reconstruir lo ocurrido con la embarcación Conquista 2 y sus lanchas auxiliares.
Entre las entidades requeridas están la Cancillería, Capitanía del Puerto de Manta, DIRNEA, Guardacostas, INOCAR, Subsecretaría de Recursos Pesqueros, Defensoría del Pueblo y Procuraduría.
De acuerdo con el CDH, estas instituciones deberán aportar información sobre el zarpe, trayectoria, ubicación, monitoreo, vigilancia marítima y registros relacionados con la embarcación.
Antes de la audiencia, las instituciones accionadas deberán remitir información sobre qué autoridad ecuatoriana recibió a las personas retiradas de la embarcación, así como la fecha, hora y coordenadas de la transferencia.
También deberán informar sobre su ubicación actual, estado de salud y el fundamento jurídico de cualquier restricción de libertad, además de entregar la cadena completa de custodia.
El juez dispuso además la preservación íntegra de los registros y evidencias relacionados con el operativo. Esto incluye comunicaciones, videos, fotografías, radares, GPS, bitácoras, órdenes operativas y cualquier documento vinculado con el procedimiento.
La audiencia del 5 de septiembre permitirá a las instituciones convocadas responder a los hechos planteados en la acción de hábeas corpus y aportar la información requerida por la autoridad judicial.
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