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Las intervenciones tácticas ejecutadas durante las últimas 48 horas asestaron un impacto directo a las finanzas del crimen organizado dedicado a la extracción de recursos. Las estructuras vinculadas a la minería ilegal en Ecuador sufrieron una afectación económica y operativa que superó los 1 869 100 dólares, alcanzando cerca de dos millones de dólares que dejaron de circular para sostener la logística y abastecimiento de estos grupos en zonas de explotación no autorizada.
Los despliegues se concentraron en puntos estratégicos de la Sierra y la Amazonía, abarcando las provincias de Azuay, Morona Santiago, Carchi e Imbabura.
Mediante labores conjuntas de inteligencia territorial y penetración directa en áreas de difícil acceso, las incursiones contra la minería ilegal en Ecuador neutralizaron actividades extractivas simultáneas que operaban al margen de la ley en estos cuatro territorios.
En el terreno intervenido, las fuerzas del orden procedieron a desmantelar bocaminas activas y destruir campamentos rústicos que funcionaban como bases habitacionales y logísticas para los trabajadores informales.
Con estas demoliciones se inhabilitó la infraestructura física básica que permitía el ingreso a los yacimientos subterráneos, deteniendo los procesos de perforación y extracción de material mineralizado.
Durante los registros a los diferentes frentes intervenidos, los uniformados decomisaron maquinaria industrial, herramientas manuales, insumos de trabajo y reservas de combustible almacenadas en bidones para el funcionamiento de los motores.
El retiro definitivo de estos elementos debilitó la cadena de suministro requerida para mantener activas las faenas clandestinas vinculadas a la minería ilegal.
La paralización de estas faenas interrumpió el impacto ambiental acumulado sobre los recursos naturales, fuentes de agua y suelos en los cantones intervenidos.
Las autoridades señalaron que las pérdidas calculadas en cerca de dos millones de dólares impiden que los grupos dedicados a la minería ilegal en Ecuador sigan financiando el transporte de material aurífero y la compra de pertrechos para sus enclaves clandestinos.
La serie de siete operaciones fue ejecutada por el Bloque de Seguridad, a través del trabajo articulado entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
Esta articulación institucional permitió identificar cada eslabón de la cadena de extracción ilícita, manteniendo el control territorial y la vigilancia permanente para proteger el patrimonio natural del Estado.
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