Los familiares de los guías penitenciarios salieron molestos de la audiencia de formulación de cargos que se efectuó ayer en el Palacio de
Justicia de Santo Domingo.
Agredieron a los periodistas que intentaron fotografiarlos y reclamaron por la prisión preventiva que se dictó en contra del director (e) del Centro de Rehabilitación, Guillermo Salazar y nueve guías del lugar.
A todos se los involucró con la muerte del privado de libertad Ramiro E. Su cadáver apareció en el pabellón de máxima seguridad del centro, la madrugada del sábado pasado.
Según los guías, habría fallecido con un paro respiratorio en un intento de fuga. Pero Sonia Andrade, de la organización de derechos humanos Mahatma Gandhi, aseguró que el cadáver tenía huellas de haber sido golpeado. Otros tres prisioneros también resultaron con moretones y cortaduras en el cuerpo.
La Fiscalía incluirá las fotografías de los presos en la investigación que efectuará. En 30 días deberá presentar un dictamen.
Carlos Cervantes, abogado del director (e) del centro, dijo que él fue detenido de forma ilegal. “Se argumentó flagrancia cuando él ni siquiera se encontraba en la cárcel cuando se habría registrado la muerte”. Además, agregó, el 10 de julio pasado solicitó a la Dirección Nacional de Rehabilitación que se hiciera el traslado del privado de libertad Ramiro E. “Nunca le dieron una respuesta en Quito. Este señor ya intentó escapar en una ocasión y era de mucha peligrosidad”.
El fallecido era un ex policía que cumplía una pena de 35 años por asesinato y secuestro. Se lo vinculó con el robo de la Custodia de Riobamba. Antes se había fugado dos veces del ex penal García Moreno, de Quito; y fue uno de los más buscados.
El padre de uno de los guías aseguró que su hijo fue acusado injustamente por la muerte. “Él era preparado, educado, bien formado. Se capacitó en un curso para guías que se dictó en la Escuela Superior del Ejército y fue de los mejores”. Ahora, agregó, por culpa de unos desadaptados se encuentra detenido.
Él teme por la vida de los carceleros acusados, pues fueron llevados, junto con el director (e), al Centro de Detención Provisional de la provincia.
“El asunto es delicado, porque ahí hay gente que por represalias podría hacerles daño”, refirió Cervantes.