
La captura del exalcalde Elías Baldor Bermeo Cabrera este 28 de julio de 2026 volvió a colocar bajo atención a Camilo Ponce Enríquez, un cantón de Azuay donde coinciden zonas de extracción de oro, operaciones de pequeña minería, labores artesanales y plantas dedicadas al procesamiento del material mineralizado.
Bermeo fue detenido durante 10 allanamientos ejecutados en Camilo Ponce Enríquez y Machala. La operación dejó seis personas aprehendidas y contó con la participación de 284 policías y 11 fiscales.
La Fiscalía investiga un supuesto delito de lavado de activos cuyos antecedentes estarían relacionados con la minería ilegal y la distribución de explosivos.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, el exalcalde habría movido aproximadamente 3,2 millones de dólares entre 2023 y 2025 mediante empresas mineras y sería uno de los principales financistas de Los Lobos.
Las afirmaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser sustentadas durante el proceso penal. Antes de la rueda de prensa de las autoridades, Bermeo aseguró que su detención respondía a una supuesta “persecución política”.
#ATENCIÓN | En el marco de una investigación previa, esta madrugada, #FiscalíaEc lideró un operativo en #Azuay y #ElOro por presunto #LavadoDeActivos, cuyos delitos precedentes serían la #MineríaIlegal y la #DistribuciónDeExplosivos. Estarían involucradas 6 personas naturales y 2… pic.twitter.com/pbBmqnCYsz
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 28, 2026
La hipótesis presentada por el Gobierno señala que la estructura habría obtenido recursos mediante actividades mineras ilegales y operaciones que se mostraban formalmente como legales.
Reimberg sostuvo que integrantes de Los Lobos supuestamente intimidaban a titulares de concesiones autorizadas para tomar el control de las operaciones. El oro obtenido de manera ilegal habría sido incorporado posteriormente a las actividades de compañías formalmente constituidas.
La Fiscalía también investiga la presunta exportación de cantidades de oro sin que se haya determinado la existencia de concesiones mineras o el origen lícito del mineral. Cuatro empresas fueron intervenidas durante el operativo.
El Ministro no especificó cuánto de los 3,2 millones de dólares detectados habría llegado directamente a Los Lobos. Aseguró, sin embargo, que existen movimientos económicos no justificados y compañías utilizadas para ocultar el origen de los recursos.
Durante los allanamientos, las autoridades encontraron más de 245 000 dólares en efectivo, vehículos, celulares, computadoras, armas, municiones, joyas, radios y dispositivos de almacenamiento. También localizaron placas de oro con la imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.
El peso de Camilo Ponce Enríquez dentro de la minería ecuatoriana ayuda a dimensionar el alcance de la investigación. Un estudio del Banco Central del Ecuador, elaborado con datos del Catastro Minero Nacional hasta agosto de 2025, identifica al cantón como el sitio minero con mayor capacidad de extracción del país y el segundo con mayor capacidad de procesamiento, después del distrito Zaruma-Portovelo.
DURO GOLPE A LAS ECONOMÍAS CRIMINALES Y LA MINERÍA ILEGAL: CAE ELÍAS BALDOR BERMEO CABRERA, ALIAS B.B.
— John Reimberg (@JohnReimberg) July 28, 2026
Operación en desarrollo: Esta madrugada se realizaron 10 allanamientos en Azuay y El Oro contra la red criminal de ELÍAS BALDOR BERMEO CABRERA y su círculo de colaboradores,… pic.twitter.com/ERPx0gvIHl
En esta zona existen depósitos de oro asociados también con cobre y otros minerales. La explotación aurífera se realiza principalmente mediante operaciones subterráneas y comprende actividades de minería artesanal, pequeña minería y otros regímenes autorizados.
La importancia del cantón no se limita a las bocaminas. En el territorio también funcionan plantas que reciben el material para triturarlo, molerlo y recuperar el oro. De esta manera, en una misma zona coinciden varias fases de la cadena minera: extracción, transporte, procesamiento y comercialización.
El Catastro Minero analizado por el Banco Central registraba 304 áreas o trámites auríferos en toda la provincia de Azuay.
De ellos, 102 correspondían a minería artesanal y 202 a pequeña minería. La cifra es provincial y no pertenece exclusivamente a Ponce Enríquez.
La expansión de la actividad aurífera en el cantón se remonta a 1983. Después del fenómeno de El Niño registrado ese año, las zonas montañosas de Ponce Enríquez experimentaron un nuevo auge del oro, según un reporte histórico del Banco Central.
Con el crecimiento de las labores artesanales aparecieron plantas de beneficio, cooperativas y asociaciones. La minería se convirtió progresivamente en una fuente de empleo y en una actividad alrededor de la cual comenzaron a funcionar servicios de transporte, provisión de maquinaria, comercio de insumos y procesamiento de minerales.
Los datos laborales disponibles muestran esa concentración. De las 4 728 personas que trabajaban en minas y canteras en Azuay durante el censo de 2010, más del 85% se encontraba en Camilo Ponce Enríquez. El dato es histórico y no representa la cantidad actual de trabajadores.
Otro registro oficial estableció que, en 2018, Azuay y El Oro aportaron conjuntamente el 86% de la producción nacional de oro procedente de la pequeña minería. Azuay representó entonces el 72% del total nacional. Esos porcentajes corresponden a las dos provincias y no pueden atribuirse únicamente a Ponce Enríquez ni presentarse como cifras vigentes.
La presencia de actividad minera ilegal no implica que todas las operaciones del cantón funcionen fuera de la ley. En Ponce Enríquez también existen concesionarios, asociaciones y empresas que cuentan con títulos y autorizaciones.
La investigación contra Bermeo se concentra precisamente en la supuesta utilización de compañías mineras para incorporar oro de origen ilegal a circuitos comerciales formales. Esa hipótesis deberá ser demostrada por la Fiscalía mediante información financiera, registros empresariales, autorizaciones mineras y trazabilidad del mineral.
La Agencia de Regulación y Control Minero ya había identificado a Camilo Ponce Enríquez como uno de los sectores de Azuay con presencia de minería ilegal.
En octubre de 2024, las Fuerzas Armadas informaron sobre la destrucción de nueve bocaminas ilegales en el cantón. Según la institución, cinco de esos sitios estarían relacionados con Los Lobos.
Otro componente del caso es el destino de los explosivos utilizados en las operaciones mineras. Reimberg aseguró que materiales empleados en atentados registrados principalmente en El Oro habrían sido adquiridos originalmente por las empresas investigadas.
Según el ministro, los representantes de esas compañías no presentaron denuncias por el supuesto robo o pérdida de los explosivos. La información de compra habría permitido establecer una trazabilidad entre el material y varias detonaciones investigadas.
Baldor Bermeo fue detenido el 28 de julio de 2026 durante diez allanamientos ejecutados en Camilo Ponce Enríquez y Machala.
La Fiscalía investiga un presunto lavado de activos relacionado con minería ilegal y distribución de explosivos. El operativo dejó seis aprehendidos y contó con 284 policías y 11 fiscales.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que Bermeo sería uno de los principales financistas de Los Lobos y que habría movilizado aproximadamente 3,2 millones de dólares entre 2023 y 2025 mediante empresas mineras.
El funcionario no precisó cuánto de ese dinero habría llegado directamente a la organización. Estos señalamientos forman parte de una investigación en curso y deberán comprobarse judicialmente.
Un estudio del Banco Central, basado en el Catastro Minero Nacional hasta agosto de 2025, identifica al cantón como el sitio minero con mayor capacidad de extracción del país y el segundo con mayor capacidad de procesamiento.
En el territorio coinciden actividades de extracción, transporte, procesamiento y comercialización de oro, desarrolladas mediante minería artesanal, pequeña minería y operaciones bajo otros regímenes autorizados.
La hipótesis oficial sostiene que integrantes de Los Lobos habrían intimidado a titulares de concesiones para controlar operaciones mineras. Después, el oro obtenido ilegalmente habría sido incorporado a las actividades de empresas formalmente constituidas.
La Fiscalía también investiga exportaciones de oro cuyo origen lícito o respaldo en concesiones no habría sido determinado. Cuatro empresas fueron intervenidas durante el operativo.
Durante los allanamientos se encontraron más de 245.000 dólares en efectivo, vehículos, armas, municiones, computadoras, celulares, joyas, radios y dispositivos de almacenamiento.
La investigación también analizará movimientos financieros, registros empresariales, autorizaciones mineras, trazabilidad del oro y el destino de explosivos adquiridos por las compañías investigadas. Hasta que exista una sentencia, los involucrados mantienen la presunción de inocencia.