El patrullaje militar en Quito tiene un vacío

A la medianoche del jueves. En la Plaza Foch,  militares realizaron operativos antidelincuenciales. Unos  portaban armas y otros toletes. Todos tenían chalecos antibalas.

A la medianoche del jueves. En la Plaza Foch, militares realizaron operativos antidelincuenciales. Unos portaban armas y otros toletes. Todos tenían chalecos antibalas.

El militar se cubre el rostro con un pañuelo negro y carga un arma larga. Otros llevan toletes y fusiles HK. Son seis y todos visten uniforme camuflaje y chalecos antibalas.

Un poco antes de la medianoche del jueves, los soldados patrullan La Mariscal, una de las zonas, en el norte, con el mayor índice de robos en Quito, según el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC).

“Esto lo hacemos desde hace un año”, sostiene uno de los uniformados. De hecho, las FF.AA. operan en las calles de Quito desde el 30 de septiembre del 2010, primero por el estado de excepción de 60 días emitido esa tarde y luego por una orden judicial.

Para afrontar la inseguridad ciudadana, el Gobierno solicitó a la Justicia una medida cautelar para que los militares puedan realizar tareas que, según la Ley, son exclusivas de la Policía. El 24 de noviembre del 2010, el Juzgado XXII de lo Penal de Pichincha acogió el pedido gubernamental.

Expertos en temas castrenses como Bertha García, catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y el general (r) Oswaldo Jarrín, ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., hacen reparos al patrullaje de las FF.AA. en la ciudad.

El artículo 158 de la Constitución precisa que las FF.AA. tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Del orden interno del país se encarga la Policía.

García resalta que aquello supone que los militares no pueden efectuar detenciones, solo pueden participar en actividades de seguridad interna durante los estados de excepción y solo como fuerzas de apoyo a la Policía.

No obstante, el teniente coronel Jorge Merino, comandante del Grupo Operacional de Ejército 4.6 Quito, a cargo del patrullaje de las FF.AA. en Quito, dice que, desde que rige la orden judicial, los soldados también hacen detenciones en hechos flagrantes.

11 meses han pasado desde esa disposición judicial. Tras el 30-S, el Gobierno envió una reforma a la Ley de Seguridad Pública (recién elaborada en el 2009) para autorizar, legalmente, el empleo de las FF.AA. en el control interno de la seguridad.

Ayer, este Diario conoció que la iniciativa planteada por el Ejecutivo, para combatir el crimen organizado, todavía no se aprueba en segunda instancia en la Asamblea. Una fuente de la Legislatura explicó que la iniciativa del Gobierno quedó estancada. “Cuando estaba previsto que se tramitara el texto, los militares destruyeron la maquinaria de los mineros que trabajaban en Esmeraldas”.

Mauricio Gallardo, de la Asamblea Permanente de DD.HH., dice que la presencia prolongada de FF.AA. en las vías refleja “problemas sustanciales, que tienen que ver con aspectos sociales”.

El frío es intenso a la medianoche del jueves. Uno de los soldados que recorre las calles de la zona turística de Quito recalca que durante los operativos la mayoría de aprehensiones se produce por tenencia ilegal de armas y droga.

Merino dice que sí están facultados legalmente para hacer aprehensiones y sostiene que los detenidos son entregados de inmediato a la Policía, para que se legalice el procedimiento.

Operativamente, ¿cómo mantienen el nexo con los policías? “A través del número 101”, dice otro militar. ¿Hasta cuándo operarán con fusiles? “No sabemos”.

En enero de este año, el jefe del Comando Conjunto de FF.AA., general Ernesto González, dijo a este Diario que se cambiaría el armamento para la ciudad. “No podemos patrullar con fusil. Debemos tener armas cortas, de defensa personal hasta cierto punto”.

En la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública se determina que “el Ministerio de Finanzas asignará los recursos necesarios para el entrenamiento, equipamiento y empleo de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad ciudadana”.

Los militares dicen que el trabajo ha sido positivo y que entre enero y agosto último en Quito se han realizado 60 000 operativos antidelincuenciales.

En la Plaza Foch las luces de pantallas de plasma y la música convocan a centenares de personas. A dos cuadras, la luz languidece; por allí caminan los soldados. “En estos lugares hemos visto mayor peligrosidad”, relata un militar y aprieta su arma larga.

Punto de vista
Luis Ángel Saavedra/ Director de Inredh

‘Que se desmilitarice la sociedad’

Hay que diferenciar los roles de cada institución de seguridad. Los militares están preparados para la defensa externa del país; de modo que no tienen la preparación suficiente para entender la dinámica criminal.

En cambio, la Policía, como institución, ha desarrollado instrumentos para el control de la delincuencia. Esa es su función.

Pueden ocurrir errores en el momento en que se mezclan las funciones y se pone en las calles personal armado que no es policial. Se debería dar  instrumentos suficientes a la Policía para el control de la delincuencia.

Eso permitirá que se desmilitarice la sociedad. Se deben fortalecer los sistemas de Inteligencia, departamentalizar las funciones de la Policía, reforzar el sistema de investigación fiscal...

Sacar militares a la calle es una forma de generar  imagen mediática. Es decir,   controlar la percepción de la sociedad ante este hecho: lograr que se mire con buenos ojos la decisión y  reducir el nivel de crítica al Estado.

Pero los policías pueden tener una baja autoestima cuando las Fuerzas Armadas salen a cumplir un papel que no les compete. El policía se sentirá innecesario y eso   repercutirá en el profesionalismo de la institución.

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