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Familiares buscan desesperadamente información sobre presos asesinados

Familiares de presos acudieron al parque Samanes de Guayaquil para obtener información de los fallecidos. Foto: EL COMERCIO

La fila era extensa. Más de 200 personas llegaron ayer a las inmediaciones del parque Samanes en Guayaquil.

Todos buscaban información sobre los 118 presos asesinados en la Penitenciaría del Litoral.

“Queremos saber si nuestros familiares están vivos o muertos”, gritó una joven en la puerta de un coliseo que el Gobierno habilitó como punto de información para las familias de los fallecidos y heridos.

“¿Dónde está la lista de los muertos?”, repetía otra señora de la tercera edad que llegó al lugar en compañía de su hija.

Las dos buscaban conocer si su familiar de 34 años había muerto en el pabellón 5 de la cárcel de Guayaquil. Ellas contaron que la última vez que tuvieron contacto fue el martes (28 de septiembre del 2021) en la mañana.

A través de una llamada, el joven les dijo que iba a haber una matanza. “Solo le di la bendición y le dije que se cuidara”, repite su madre.

La mujer llegó a Guayaquil el miércoles (21 de septiembre del 2021) de su natal Manabí. Dos días lleva buscando información de su hijo.

En la misma situación estaba ayer (jueves 30 de septiembre del 2021) Ronald, un hombre que llegó desde El Oro. Él también buscaba a su hijo entre las víctimas, pero tampoco tuvo suerte. “Aquí no hay información, lo que están haciendo es recabar información”, dijo después de salir del coliseo.

Henry Coral, director Nacional (s) de la Dirección Técnica Científica de la Policía, confirmó que la tarea para identificar a las víctimas es ardua. De hecho, señaló que apenas cuatro cuerpos habían sido identificados plenamente y entregados a sus familiares.

La Fiscalía, por su parte, notificó que forenses realizaron la autopsia de 18 cuerpos.

Para ubicar al resto de víctimas se ha pedido a las familias que entreguen características específicas que ayuden a identificarlos. Entre estas señales puede ser el color de cabello y de ojos, cicatrices, tatuajes u operaciones que hayan tenido.

De allí que un grupo de al menos 16 agentes realizaba las entrevistas a los familiares.
En el caso de los cuerpos que fueron mutilados, decapitados e incinerados, los agentes tienen planeado realizar pruebas de ADN. Si esto no funciona se los identificará a través de análisis forenses genéticos.

Las explicaciones de los uniformados no calmaron la angustia de las familias que estaban en el coliseo. En los exteriores se los veía hablar por teléfono con otros allegados que estaban en Medicina Legal, en el sur de Guayaquil.

Allí también se vivieron momentos dramáticos durante la mañana y tarde. Decenas de mujeres y jóvenes permanecían arrimados a una cerca de metal. Bajo un intenso sol esperaban la salida de un policía que llamaba a ciertos familiares para que reconozcan los cuerpos de las víctimas.

Entre los allegados estaba un hombre que perdió a tres hijos en la masacre del martes pasado. Los restos de uno los retiró el miércoles y ayer luchaba por encontrar a los otros dos.

Desorientado y con los ojos humedecidos dijo que los iba a sepultar juntos en Monte Sinaí, al oeste de Guayaquil.

Otra mujer llegó ayer con un féretro para recuperar el cuerpo de su hijo de 26 años.

Inicialmente le comunicaron que había sido asesinado. Pero ayer recibió una llamada de la cárcel y le dijeron que estaba vivo.

Las confusiones y falta de información generaron que cerca del mediodía las familias bloquearan una avenida cercana a Medicina Legal.

La comandante de la Policía, Tannya Varela, dialogó con las familias y aseguró que se trabaja para identificar a las víctimas. La oficial no descartó que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

Lo que sí se conoció fue que por la gran cantidad de cuerpos, a Guayaquil llegaron cerca de 20 médicos legistas y forenses. Ellos reforzaron al equipo que realizaba las autopsias.

La Fiscalía también reforzó su personal de investigadores. Hasta ayer, varios agentes estaban dentro de la Penitenciaría recabando indicios de los responsables de los crímenes.

Ellos eran custodiados por más de 800 policías de Grupos élites. Los agentes hicieron dos intervenciones y requisaron armas y granadas.

Las familias pedían que paren la violencia en las cárceles y hasta ayer solo dos personas presentaron denuncias formales por los asesinatos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la violencia e instó al Gobierno que “investigue de oficio y con debida diligencia los hechos”.