Tienen miedo. Tras el asesinato del fiscal Edgar Escobar en el exterior de la Fiscalía de La Merced, el 19 de septiembre de 2022, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) hizo una lista de pedidos para poder ejercer con seguridad sus funciones.
Entre otros detalles, solicitan implementar anillos de seguridad en el perímetro de las unidades judiciales cuando se tramitan casos relacionados al crimen organizado, y aquello incluye una restricción en la circulación vehicular.
Incluyen la solicitud de un circuito de videovigilancia en las unidades judiciales, con conexión directa al ECU 911; resguardo policial en las unidades judiciales, con la obligatoriedad de que los policías revisen y registren a los usuarios, e implementar detectores de metales y tecnologías para la detección de artefactos explosivos.
La lista de temas fue expuesta la tarde del lunes, 26 de septiembre, por miembros de la Asociación que no dudaron en poner en la mesa el miedo que se ha apoderado de los funcionarios de la Función Judicial.
Piden, además, que las puertas de las unidades judiciales tengan salidas distintas para usuarios y funcionarios, que el informe de perfil de análisis de riesgos se tramite en un plazo máximo de 24 horas y que los funcionarios reciban instrucción sobre situaciones de riesgos, iniciando con los jueces penales, con un curso que se llame Seguridad institucional y autoprotección.
Cifras de hechos violentos y ataques mortales
De acuerdo a cifras de la Fiscalía, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos son las provincias donde mayor registro de casos contra funcionarios judiciales hay. Hasta agosto de 2022, se registraron cuatro atentados armados contra fiscales.
Entre las solicitudes se enlista una en la que piden que los turnos de flagrancia sean en la madrugada, de manera telemática. Ese horario es de 00:00 a 08:00; además, requieren tratamiento psicológico y garantizar la salud mental de los funcionarios y no solo la física.
El pedido se genera principalmente a favor de los jueces que tramitan delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, sicariatos, delitos sexuales y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
“No existen condiciones mínimas de seguridad para el sistema de justicia y los requerimos de inmediato. Estamos a favor de la defensa de la independencia judicial, pero la lucha debe ser acompañada y respaldada por las instituciones que son encargadas de la seguridad”, dijo el gremio.
El exhorto se dirige al Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Piden, concretamente, tomar acciones necesarias a fin de que el trabajo no se vea afectado por las amenazas de bandas delincuenciales.
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