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La gestión de cargos públicos se sanciona en Ecuador

La gestión irregular de cargos públicos en Ecuador se sanciona según lo dispone el COIP. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Ítalo Cedeño dejó la gerencia general de Petroecuador, luego de reconocer que, en su primer mes de gestión, su esposa influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios en la empresa estatal petrolera.  

Cedeño dijo que le confesó al presidente Guillermo Lasso que su esposa tuvo influencias sobre él. Esto provocó que el Primer Mandatario ordenara al Directorio de Petroecuador que lo cesen de sus funciones. Hasta pasadas las 16:00 de este 2 de agosto de 2022 no se designaba a su reemplazo.  

Según el relato del ahora exfuncionario, durante una reunión en el Palacio de Carondelet, Cedeño habría hablado con el Jefe de Estado sobre los cargos en la estatal. “Lo que se dice de mí es que, en el primer mes, y lo reconozco, mi esposa tenía influencia sobre mí para aconsejarme funcionarios honestos, para pedirme que saque a funcionarios corruptos. Y le dije (a su esposa) que no interfiera en nada en Petroecuador porque me está haciendo daño”. El exgerente hizo pública esta confesión durante una entrevista con el medio digital La Posta. 

Este martes 2 de agosto del 2022, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se refirió a lo ocurrido con el exfuncionario de Petroecuador.  

"Ítalo Cedeño se equivocó y el Presidente solicitó su salida. Yo creo que todos los funcionarios somos responsables de lo que decimos. Y aquí no hay 20, 15 ni 10 personas que designan a nadie, aquí hay una sola persona, el Presidente de la República y eso se hace de acuerdo con la Ley y la Constitución. Ese es un mensaje que debemos tener claro todos los funcionarios”, indicó. 

¿Cómo se sanciona la gestión irregular de cargos públicos? 

El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece el tráfico de influencias. Este delito se configura cuando funcionarios públicos o personas que actúen en virtud de una potestad estatal aprovechan su cargo, su relación personal o jerarquía para influenciar sobre otra persona.  

Quien influencie a otra persona o servidor público para “obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. Así lo establece la normativa penal.