27 de August de 2011 00:08

Las huellas de Tamaulipas aún siguen marcadas en 2 familias

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Los dormitorios son de tierra y sirven como cocina y bodega para herramientas. En el piso corren cuyes y el agua entubada es de acequia.

Así son las casas del pueblo donde vivían Elvia P. y Magdalena T., en la provincia de Tungurahua.

Hace un año, las dos mujeres fueron asesinadas en Tamaulipas, junto a otros 70 emigrantes que intentaban llegar a Estados Unidos por la frontera de México.

El grupo de Los Zetas, ex militares de élite reclutados por el Cartel del Golfo, interceptaron al grupo y los asesinaron. Cinco ecuatorianos resultaron afectados en ese hecho. Y solo sobrevivió Freddy L., quien ahora está como testigo protegido (ver recuadro).

Ahora, los familiares de las dos víctimas de Tungurahua todavía no pueden habitar las viviendas que, tras conocer la matanza, ofreció el Gobierno como una forma de indemnizarlos por la tragedia.

Ellos dicen no conocer nada del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General, a la que sí pertenece Freddy L.

En junio pasado, cuando se conoció que la Fiscalía dejó de proteger a la familia de Freddy L., el director nacional del Sistema de Protección dijo que tres de las cinco familias afectadas no tienen cobertura de ese organismo.

Y dijo que aquello ocurre, porque no presentaron denuncias.

A pesar de que la Prefectura de Tungurahua asfaltó la vía principal del pueblo donde nacieron las dos mujeres acribilladas en México, la pobreza se siente allí.

La mayoría de las casas son bajas, con paredes de adobe desgastado y verdoso por la humedad. Algunos techos tienen goteras. Adentro, las familias -hasta de nueve personas- viven hacinadas.

Entre noviembre y diciembre del año pasado llegaron a Ecuador los cuerpos de las mujeres, quienes fueron sepultadas en un cementerio local. Esto tranquilizó a sus padres, pero no solucionó el problema de las deudas. Todavía pagan USD 12 000 que pidieron a los chulqueros para financiar el viaje. Sacaron esa cantidad, pese a que en la comuna la mayoría de familias vive con USD 2 diarios.

Por eso, Elvia P. y su prima Magdalena T. quisieron buscar nuevos rumbos. La migración, como la agricultura precaria por falta de dinero, es una práctica común en este pueblo. Rosa C., vecina del lugar, cuenta que no hay familia que no tenga un pariente en Estados Unidos, España o Italia.

A la falta de trabajo y a la pobreza se suma otro problema social: la disolución familiar. Cientos de niños viven con sus abuelos o parientes. Padecen desamparo y falta de cariño. Según los líderes comunitarios, el 60% de los 5 000 habitantes de la comuna son niños de entre 1 y 14 años.

La gente practica la agricultura y crianza de borregos y reses. También manufacturas camisas y pantalones. En este contexto, el Gobierno, a través de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), ofreció ayudar a los familiares e hijos de las víctimas. El jueves, el ministro de Vivienda, Walter Solís, y la titular de la Senami, Betty Tola, visitaron a familiares de las víctimas.

Los encontraron abriendo los cimientos de las casas que les construirá el Miduvi con un bono de USD 9 200. “La obra demoró porque se debió legalizar la posesión de los terrenos y por las gestiones burocráticos. En un mes estarán listas las casas de 45 metros cuadrados”, dijo Solís .

Cada una tendrá dos dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y servicios. Esta oferta le suena como un sueño a la abuela de Elvia P. “Mi pobre shunguita se fue para siempre. Nos falta plata para criar a su guagua”, dice sin poder contener el llanto. Uno de los niños, por ejemplo, solo tiene 4 años.

Las posibilidades de estudio para él, así como para los demás chicos, es escasa. La escuela local no es suficiente y los que pueden viajan hacia Quisapincha, Ambato o Quito.

La amenaza de los coyoteros

El apoderado del ecuatoriano sobreviviente de Tamaulipas-México, William Murillo, señaló ayer que los familiares de Freddy L. están amenazados por coyoteros.

Por ello, hace dos semanas presentaron una denuncia en la Fiscalía del Cañar y la Policía reforzó la seguridad de los afectados.

Un año después de la matanza, Freddy L., su esposa y su hijo, aún permanecen en la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General.

Tras el ataque de los sicarios, él pudo salir de la casa abandonada en donde se produjo la matanza y caminó toda la noche hasta llegar a un puesto de marinos.

Su imagen, acostado sobre la cama de un centro asistencial, recorrió el mundo. Y pidió a los ecuatorianos que no realicen travesías similares para llegar a EE.UU.

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