Fiscal que se abstuvo de acusar a Junior R. es investigado por fraude procesal
Agentes de Policía allanaron oficinas y la casa del fiscal que se abstuvo de acusar a Junior R., por supuesto tráfico de armas. Foto: Twitter Fiscalía
La Policía ejecuta operativos para localizar y detener al fiscal Julio Sánchez, quien se abstuvo de acusar por el delito de tráfico de armas a Junior R. El sospechoso es cabecilla de un grupo delictivo del Ecuador. Según las autoridades, el funcionario estaría prófugo.
Este sábado 4 de febrero de 2023 se conoció que la Fiscalía abrió una investigación en contra del fiscal Sánchez por su presunta participación en el delito de fraude procesal.
¿Qué es y cómo se sanciona el delito de fraude procesal?
El fraude procesal se configura cuando una persona, con el fin de inducir al engaño a un juez, “oculte pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas”. Esto se aplica en procedimientos civiles, administrativos y penales.
Según el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), ese ilícito es sancionado con cárcel de uno a tres años.
“Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción para evitar su represión”, señala la normativa penal.
Los allanamientos contra el fiscal
La Policía Nacional dijo que, dentro de la investigación contra el fiscal Julio Sánchez, se realizaron allanamientos en Guayas, “con la finalidad de recabar indicioso por el presunto delito de fraude procesal”.
Por esa razón, la noche del viernes 3 de febrero de 2023, la Fiscalía General ejecutó órdenes de allanamiento y búsqueda en contra del agente fiscal. La Policía Nacional tiene la disposición de detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia ecuatoriana.
El allanamiento se realizó en las oficinas de la Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), que están ubicadas en el edificio La Merced, en Guayaquil. En ese procedimiento se levantaron indicios referentes al caso.
Además, grupos de élite de la Policía allanaron el domicilio del fiscal, ubicado en una urbanización vía a Samborondón. Allí se recopilaron más indicios. En una imagen difundida por la policía se ve que los agentes encontraron fajos de dinero en efectivo.
Argumentos del fiscal
El fiscal Sánchez decidió no acusar penalmente a Junior R., cabecilla de una banda delictiva que opera en el país. De este dictamen abstentivo también se beneficiaron otros 12 procesados. Todos eran investigados como sospechosos del delito de tráfico de armas.
Según la explicación del fiscal, de esas 13 personas había quienes trabajaban como guardias de seguridad de una empresa privada y que las armas que tenían en su poder no fueron usadas y estaban separadas de su cargador. Además, esas armas eran legales y tenían los permisos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
A otros de los procesados no se les comprobó que tenían armas en su poder ni que las estaban transportando. De hecho, esa fue la principal justificación para dictar sobreseimiento a favor de Junior R.
“No se le encontró ninguna arma en su poder, ni ningún elemento incriminatorio, salvo el dispositivo electrónico que le habían colocado en el centro carcelario”, indicó el fiscal en relación con Junior R.
Además, el funcionario añadió que acusarlo de ese delito sin pruebas de que él llevaba armas ilegales sería un acto “discriminatorio por sus acciones pasadas delictivas, de las que ha sido juzgado”.
El día de la detención de Junior R.
El 15 de diciembre de 2022, Junior R. salió de la cárcel Regional de Guayaquil, pues obtuvo la prelibertad tras cumplir el 40% de su pena. Sin embargo, la libertad le duró poco tiempo.
Horas después de salir de la cárcel, La Policía detuvo a más de 30 personas, entre ellas ese cabecilla. Esas detenciones se dieron porque, según la Policía Nacional, ellos portaban armas de grueso calibre.
Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, donde les formularon cargos por el delito de tráfico ilícito de armas y municiones. A Junior R. le dictaron prisión preventiva y volvió a la cárcel.
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