21 de August de 2011 00:03

Las fallas judiciales, según la U de Talca

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Desde febrero pasado, 12 consultores chilenos y 200 estudiantes ecuatorianos, de 10 universidades públicas y privadas, levantan un retrato complejo: recolectan miles de datos para mostrar en detalle la fotografía del sistema penal ecuatoriano.

El proyecto está a cargo del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca (Cedep), que en noviembre del 2010 fue contratado por el Ministerio de Justicia, que les paga USD un millón por este trabajo.

Una primera aproximación a esa imagen tan opaca ya arroja un resultado preliminar: la administración de los juzgados y tribunales es caótica y está centralizada en el juez y su secretario, que tienen un poder total, casi feudal en sus judicaturas.

No existe una atención profesional, que busque brindar un servicio de calidad a los usuarios, donde se incorporen especialistas de las distintas áreas del saber a la justicia.

En las cortes y fiscalías a escala nacional, el 99% de los funcionarios son abogados, asistentes de juristas o estudiantes de Derecho. En provincias no es extraño encontrar abogados ejerciendo cargos de choferes u otros puestos administrativos, pues esa es la única forma para ingresar al Ministerio Público o al Poder Judicial.

Los abogados, según las constataciones ‘in situ’, no están formados para atender al público, ni tienen por qué estarlo, esa no es su función. En Chile, por ejemplo, los encargados de atender al público son asistentes sociales, con conocimientos técnicos sobre el trato a las personas.

Estos profesionales no valoran a la justicia solo en el trámite y conclusión del proceso judicial con una sentencia, sino como un espacio para brindar una atención cordial y eficiente a los usuarios.

En síntesis, en el Ecuador tenemos un sistema administrativo caduco, ineficiente, en el que todo gira en torno al poder omnímodo del juez, que no tiene ningún control cruzado (ver más en nota compartida).

La tarea que realiza este equipo multidisciplinario tiene dos componentes medulares: el cuantitativo y el cualitativo, sobre la base de un trabajo de campo en todas las provincias, donde los estudiantes revisan 18 000 juicios concluidos, entre el 2005 y el 2009. Además realizan entrevistas a un centenar de jueces, secretarios, fiscales, defensores públicos y privados, asistentes de juzgados, policías… Ignacio Castillo, coordinador del proyecto, está sorprendido por el nivel de compromiso de los alumnos. “Hay un gran nivel de responsabilidad y madurez de los estudiantes, es un trabajo muy complejo, mover grupos de 10 estudiantes desde su entorno a otras ciudades. Están motivados porque saben que saldrán insumos que pueden mejorar la justicia penal de su país”.

Aunque el proyecto arrancó en febrero pasado, a las pocas semanas sufrió un primer tropiezo cuando el Consejo Nacional de la Judicatura –que inicialmente se había comprometido a apoyarlo- prohibió el acceso a los juzgados.

Ese primer escollo se sorteó con la revisión de las causas penales que maneja la Fiscalía. A fines de julio, con el cambio de autoridades en el Consejo de la Judicatura, el grupo pudo acceder a los expedientes que actualmente se revisan sin inconvenientes.

El trabajo en Manabí

A inicios de este mes, el equipo se desplazó a Manabí. Un reportero de este Diario siguió de cerca su trabajo. Castillo y su colega chileno Daniel Quintero llegaron a la Corte Superior, en el centro de Portoviejo, en medio de un ambiente tenso.

Algunos trabajadores de la Judicatura los miraban con recelo y desconfianza, mientras se entrevistaban con los funcionarios y coordinaban las tareas con 10 estudiantes encargados de revisar 1 500 juicios.

Ellos son de las facultades de derecho de las universidades San Gregorio, de Portoviejo, y Eloy Alfaro, de Manta.

En dos estrechas oficinas, donde funcionan las salas penales, los alumnos revisaron cada uno de los expedientes, desde las 09:00. “La tarea es ardua, pero esto me sirve como experiencia antes de graduarme”, comentó Verónica, una de las participantes.

“Mi responsabilidad es chequear al detalle la revisión de los 1 500 expedientes; se leen ciertas partes de los expedientes y se hacen observaciones”, informó Daniel Quintero, quien estuvo en Portoviejo y Manta.

En el análisis se identifica la duración del juicio y cada etapa procesal, las audiencias fallidas, los casos de caducidad de prisión preventiva, el número de juicios despachados, la demora del litigio, desde el momento cuando se comete un delito.

A partir de los datos globales se levantarán indicadores a escala territorial, con un margen de error menor al 5%.

En total son 75 indicadores, que permitirán visualizar la forma en que funciona el sistema, sus fallas, bloqueos, discrecionalidad para la corrupción…

Mientras se levantan y se tabulan los datos en el terreno, paralelamente un grupo de consultores (sociólogos y estadísticos) interpreta la información que se envía a Chile.

Otro contingente de especialistas transcribe las entrevistas. En el grupo de expertos destacan dos jueces en ejercicio; un ex fiscal, jefe Anticorrupción de Santiago; el ex jefe de la Defensoría Pública, así como expertos que trabajaron en la reforma del sistema chileno, en el 2000.

“No es suficiente pintar un cuadro completo y detallado, lo importante es tener la capacidad de interpretarlo, para encontrar las causas de los problemas detectados. Eso se logra al cruzar los datos tabulados con las entrevistas”, sostiene Castillo.

Según la carta de compromiso, los resultados del estudio, con sus conclusiones y recomendaciones, estarán listos hasta mediados de octubre próximo. Ese será un insumo fundamental para emprender la reforma que la comisión tripartita del Consejo Nacional de la Judicatura debe ejecutar hasta finales del 2012.

La revisión de casos

De febrero a julio,  el equipo armado por los consultores de la Universidad de Talca analizó los expedientes proporcionados por la Fiscalía.

En el país  para la revisión de expedientes se trabajó con más de 200 estudiantes de 10 universidades entre particulares y estatales, que recibieron un pago por su trabajo.

 El informe,  que estará listo a mediados de octubre, incluirá una mirada general al sistema penal, desmenuzada a niveles provinciales y parroquiales de cada tribunal y juzgado.

Señalará  las fallas detectadas en el sistema  y hará una propuesta para corregirlas, de acuerdo a la realidad nacional.


La mayoría de juicios no acaba

Otro de los problemas es la falta de la ejecución total de los juicios en el sistema. Los procesos penales en su mayoría no se concluyen, las audiencias fallan.

En una provincia se estudió el trámite de los procesos de tres tribunales  durante 10 días. En ese período, cada judicatura fijó dos audiencias diarias, pero solo uno cumplió. Los fiscales, los jueces, los testigos o la Policía no acudieron, por lo cual   no  se celebraron las diligencias previstas. Ese es un inconveniente constante en el desarrollo de los juicios, que están limitados por la serie de recursos que tienen las partes para dilatarlos. 

Es evidente que el sistema judicial no está resolviendo los problemas; como no lo hace se concentra en expedir la prisión preventiva, que termina convirtiéndose, según las constataciones preliminares, en una condena.

Los implicados permanecen presos hasta que concluyen los procesos, aunque la Defensoría Pública se ha esforzado por dar asistencia legal y agilitar las causas de las personas presas de escasos recursos económicos.

También hay problemas por la gran carga de procesos que entran al sistema, sin antes agotar otras formas alternativas para resolverlos.

La caducidad crea impunidad

En lo que va del estudio, también se ha identificado  que muy pocos procesos en los cuales el imputado fue liberado por la aplicación de la garantía constitucional de la caducidad de la prisión preventiva, siguieron ventilándose en los juzgados.

El porcentaje es ínfimo, dice Castillo. En general, el proceso termina cuando el implicado queda libre. El problema medular es que falta gestión para la realización de los juicios.  Si se cumplirían los plazos de seis y nueve meses, las condenas se impondrían.

Lo cierto es que el sistema penal fluye hasta el momento cuando se dicta la prisión preventiva. Hay que sumar la reforma constitucional, que incentiva la aplicación de otras medidas cautelares alternativas, para evitar la prisión. Mientras en  Chile un 25% de personas  va  a prisión preventiva, en Ecuador el porcentaje es del 50%, con el agravante de que los juicios no se hacen.

Los  jueces tampoco tienen mecanismos de apremio para aplicar medidas sustitutivas. Si uno de los implicados no acude a una audiencia, incluso luego de ser notificado, el juez debería ordenar su encarcelamiento inmediato, agrega. Las decisiones judiciales no son voluntarias sino imperativas.

La estructura administrativa es caduca

Según las primeras conclusiones del estudio de los expertos de la Universidad de  Talca, uno  de los retos principales de la reforma ecuatoriana es la  transformación del sistema administrativo de los juzgados y tribunales.

Eso, precisamente fue lo que cambió la cara de la justicia chilena, que no solo es exitosa por su gestión, sino por haber involucrado actores distintos al derecho, al sistema judicial, sostiene el coordinador Ignacio Castillo.“Cuando el sistema chileno incorporó otras áreas del saber, la  justicia penal cambió, con administradores públicos, ingenieros,  asistentes sociales”.

En Ecuador, en términos generales, existe  una completa ausencia de una mirada administrativa  y de poca gestión en el sector justicia, no solo en el resultado de los procesos, sino en el desarrollo de las audiencias, en las notificaciones, la distribución de las cargas de trabajo, la profesionalización de las distintas áreas.

Con la estructura actual de cada juzgado, donde hay un juez, un secretario y varios asistentes judiciales, hay un amplio margen para la discrecionalidad y la acumulación de poder en una sola figura.

En estos casos la recomendación es que se  implemente una administración moderna, que permita establecer controles cruzados, que genere una mayor transparencia en el juzgado.

En Chile, un juzgado tiene varios jueces con un esquema territorial, no bajo sorteo para la distribución de las causas, como ocurre  en Ecuador.
Cada judicatura tiene un administrador, que también  administra la carga de trabajo de los jueces en razón de las agendas del juzgado; este administrador, a su vez, es controlado por un comité de jueces, para que no sea todopoderoso.  

En este país los jueces organizan su agenda y su carga de trabajo sin una rendición de cuentas, lo cual redunda, en muchos casos, en su escasa productividad. Este ambiente es un caldo de cultivo para la corrupción. 

A esto hay que sumar el acompañamiento de la modernización de los sistemas tecnológicos y el cambio de la cultura hacia la aplicación completa de la oralidad.

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