Tras el secuestro de Mauricio Martínez y su esposa Vanessa Egas en la Ruta Viva, en Quito, la Policía ejecutó un operativo para rescatarlos la madrugada de este lunes 13 de marzo del 2023.
Agentes de la Unidad Antisecuestros de la Policía (Unase) allanaron una vivienda en el sector de la Ferroviaria Alta, en el sur de la capital. Allí encontraron a las víctimas y lograron liberarlas.
En ese lugar, también cuatro sospechosos de secuestrar a la pareja fueron detenidos. Uno de los capturados tenía antecedentes penales, el segundo detenido no tenía registros penales y los otros dos sospechosos eran menores de edad, por lo que fueron aislados.
Además, el Ministerio del Interior indicó que “todos fueron puestos a órdenes de autoridad competente para resolver su situación jurídica”.
Según las primeras investigaciones, los presuntos secuestradores les exigieron las claves de tarjetas y transferencias bancarias a las víctimas a cambio de su libertad, pues de lo contrario atentarían contra sus vidas.
¿Cómo se sanciona el delito de secuestro?
Según el artículo 161 del Código Integral Penal (COIP), la persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, será sancionada con cárcel de cinco a siete años.
En cambio, si el secuestro de una persona se ejecuta para obtener dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios a cambio de la libertad, la pena aumenta de 10 a 13 años de cárcel. Así lo establece el artículo 162 de la normativa penal ecuatoriana.
Proceso judicial contra los menores
A las 17:58, de este 13 de marzo del 2023, se instaló la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra los dos adolescentes aprehendidos por el secuestro extorsivo de la pareja.
El artículo 361 del Código Integral Penal (COIP) señala que un juez especializado en adolescentes infractores es quien debe analizar las pruebas recopiladas por Fiscalía y dictar sentencia, luego de que culmine la investigación y el proceso judicial avance hasta la etapa de juicio.
Cuando un adolescente es señalado como el responsable de un delito, el magistrado debe imponerle una medida socioeducativa y la reparación integral a la víctima.
Según la normativa penal existen medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad. En el segundo caso debe cumplir la pena en un Centro de Adolescentes Infractores.
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