Las primeras decisiones que en estos días han tomado los tres miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) generan inquietud y debate entre juristas.
Una de las primeras disposiciones fue remover a 162 funcionarios, entre ellos tres conjueces que llevaban el caso del mayor (r) Fidel Araujo involucrado en los hechos del 30-S.
El penalista Rodrigo Bucheli se pregunta que si salen “tantos funcionarios” de sus puestos, “¿cómo se va a hacer para sustituirlos?”. El jurista explica que la decisión genera incertidumbre sobre cómo se desenvolverán los juicios que estaban bajo la responsabilidad de los funcionarios removidos.
Bucheli también dice que “la naturaleza política del ejercicio judicial viene desde que se intervino la Corte Suprema de Justicia. De modo que se creó una fórmula que genera toda esta incertidumbre actual”.
Para la designación de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, el CJT presentó un borrador del reglamento. Con ese fin, el Consejo Transitorio deberá nombrar un comité que evaluará a quienes se presenten a concurso.
Al referirse al borrador presentado por el CJT, el jurista Ramiro Aguilar explica que “a pesar de los reglamentos que se hagan para concursos, terminará ganando la persona que el Gobierno quiera que gane”. Y añade: “Lo importante es saber cuáles serán las personas que irán a la Corte Nacional de Justicia”. Aguilar advierte que igual sucederá con la conformación de comités de evaluación a los aspirantes a jueces.
Los miembros del Consejo de la Judicatura insisten en que su trabajo será técnico e independiente. Según los resultados de la consulta popular del 7 de mayo pasado, el organismo judicial tiene 18 meses para realizar los cambios en el sistema judicial. Pero juristas creen que en ese tiempo solo se dejarán sentadas las bases.