29 de August de 2012 00:03

El Consejo de la Judicatura apostó por los contratos sin concurso...

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Con el contrato 86-2011 se abrieron los convenios para la reforma judicial concentrados en tecnología, servicios celulares, provisión de pasajes aéreos, cambio de pisos, mantenimientos, compra de suministros y publicidad. Precisamente la contratación 86 fue adjudicada para el servicio de comunicación, imagen y publicidad para el acto de posesión de los miembros del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), el 9 de agosto del año pasado.

Por USD 39 000 fue entregada directamente a la empresa Fernández Dávalos. La firma se constituyó en el 2007 con un capital de USD 400. En ese entonces su objeto social era “la promoción y venta de paquetes turísticos receptivos”, según la Superintendencia de Compañías.

Aunque las contrataciones del Consejo de la Judicatura a empresas se basan en la Ley, la mayoría de contratos se entregan bajo la modalidad de Régimen Especial (empresas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social para informar sobre las acciones del Gobierno).

Para agilitar la reforma, el Gobierno se amparó en el Estado de Excepción, decretado por el presidente Rafael Correa el pasado 5 de septiembre. A través del Decreto Ejecutivo 872, la entrega de proyectos y obras sin concurso se aceleró, aunque su vigencia fuera solo de 60 días.

Un proceso similar al de las emergencias, en el que el Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop) detectó irregularidades en 217 contratos, entre el 2009 y marzo de este año.

Las anomalías se remitieron a la Contraloría del Estado que efectuó un examen y confirmó que 97 declaraciones de emergencia, para adjudicar directamente sin concurso obras en todo el país, no tuvieron justificación.

La entidad de control también realiza una auditoría a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de obras en la Judicatura, entre el 26 de julio del 2011 y el 21 de mayo de este año.

La reestructuración del sistema de justicia exigió al Consejo de Transición programar cambios en ejes estratégicos desde julio del año pasado. Para ejecutarlos, el organismo ha hecho contrataciones, en su mayoría, directas a través del Incop.

Estas adjudicaciones se realizaron hasta el momento por medio de publicaciones especiales dirigidas, particularmente, a compañías o a personas naturales.

Contratos aprobados

Este Diario constató que desde el 1 de agosto del 2011 hasta el 31 de julio de este año, el CJT aprobó 38 contratos. De ellos, 26 pertenecen a publicaciones especiales, es decir los que se manejaron sin un concurso público.

Las contrataciones restantes (12) se efectuaron por subasta inversa, que significa los procesos en donde participan personas jurídicas y se adjudica el proyecto a la oferta más conveniente.

Hasta mayo de este año, para la reforma judicial, el Estado ha desembolsado USD 325 millones, de un total previsto de USD 600 millones hasta el 2014.

La reestructuración judicial de emergencia, que se efectúa en 18 meses (que terminan en enero del 2013) contará con un respaldo de USD 400 millones.

La Judicatura tiene previsto invertir los USD 200 millones restantes durante los próximos dos años en obras pendientes.

Para los contratos que están publicados en el portal web de Compras Públicas se ha destinado USD 1, 6 millones (publicaciones especiales USD 1, 2 millones y subastas 361 718).

Pero en el Incop no se detallan, por ejemplo, contratos que incluyen la reforma para la construcción de unidades judiciales, eje al que, según el CJT, se ha destinado el 61% de sus recursos.

Rodríguez: “Esas quejas siempre existirán”

Diariamente llegan al Consejo de la Judicatura, en el norte de Quito, denuncias de compañías que aseguran fraudes en los procesos de contratación para la reestructuración. Así lo admitió en una entrevista para este Diario el presidente del Consejo de Transición, Paulo Rodríguez.

Sin embargo, afirmó que dichas quejas, en su mayoría, obedecen a personas que no han ganado las licitaciones con sus ofertas y productos. “Muchas personas no saben competir. Además, ese tipo de quejas siempre existirán, no estamos diciendo que no haya corrupción, puede existir y de conocer casos concretos sin duda tomaremos las acciones pertinentes”, sostuvo el funcionario.

Rodríguez dijo que el sistema de reestructuración está en manos del CJT más no el proceso de las contrataciones.

Pero expresó que el cambio amerita toda la polémica que pueda generarse alrededor. Pues mencionó que tras un proceso tan grande de reestructuración hay irregularidades que pueden salirse de las manos.

“Lo importante es que el cambio se dé y de inmediato porque eso es lo que necesita el país. Va a haber corrupción y se tomarán las sanciones pertinentes de saber quiénes negocian con las adquisiciones de la reforma. Los ciudadanos deben estar muy claros de que el cambio se hace con personas transparentes”.

El proceso

Tras la consulta popular del 7 de mayo del 2011, se aprobó la reforma judicial para el sistema de justicia, con un Consejo de Transición que la efectúe en máximo 18 meses.   

El 26 de julio del 2011,  los tres miembros del Consejo Transitorio: Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar se posesionaron en la Asamblea.

La ceremonia oficial se realizó el 9 de agosto, en Quito.  

En esa fecha mostraron un plan estratégico que engloba seis ejes para el cambio. Incluyendo entre los más importantes el talento humano, la tecnología y la infraestructura civil, en donde más se ha invertido.

Las contrataciones

Un millón para la difusión

Las contrataciones de la Judicatura se han ofrecido en el portal con costos estimados altos, a los que las empresas que participan con subasta inversa han tenido que rebajar para ganar. Sin embargo, en las contrataciones directas no es así.

La empresa Publitraffic SA, por ejemplo, adquirió sin tener otros competidores un contrato por USD 1 millón para difundir todas las campañas y pautajes del Consejo de la Judicatura de Transición durante su gestión.

El convenio fue suscrito el 30 de noviembre del 2011. Allí se estipula que la cantidad no incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Para acceder a contrataciones especiales, la empresa debe estar en el catálogo electrónico del Incop, presentar la mejor oferta económica y además poseer amplia experiencia.

En el historial de Publitraffic únicamente se detalla que realizó una campaña de difusión  para el Ministerio de Agricultura por USD 24 000, en el 2010. Pero, según su objeto social, puede hacer publicidad mediante carteles, tableros y boletines.

Por USD 229 000 la Judicatura también contrató los servicios de la empresa Incodima para la provisión de suministros y equipos de computación.

Sin embargo, ni su RUC ni el nombre de la empresa aparecen registrados en el portal de la Superintendencia de Compañías. El contrato se realizó a nombre de su propietaria, según la factura, pero con el Registro de la Empresa que fue la que ganó la subasta.

Sin concursos

Gastos en pasajes aéreos

Los gastos del Consejo de la Judicatura de Transición han ido desde la compra constante de pasajes aéreos a una sola empresa, por medio de contratación especial, hasta la adquisición de cortinas para el edificio del Consejo de la Judicatura de Transición por  USD 50 000.

Eso fue lo ofertado por el organismo para que concursen empresas en subastas inversas. La compañía favorecida fue Sumincogar SA por USD 21 900 en el 2011. Este es uno de los pocos casos en donde se ha invitado a otras empresas al concurso público.

Pero no ocurre lo mismo en la adquisición de boletos aéreos para que comisiones del CJT viajen dentro y fuera del país. El Consejo ha destinado, según la información reflejada en el portal de Compras Públicas,  USD 131 000 para la compra de pasajes (en contrataciones especiales) para la empresa Continentour, desde el 1 de agosto del 2011 hasta el 1 de agosto de este año.

No se han recibido ofertas ni se ha invitado a otras empresas de viajes.  En el portal de Compras Públicas se encuentran los detalles de las compras. Por un pasaje a Guayaquil desde Quito, la agencia cobra a la Judicatura entre USD 62 y 72 y por uno de ida y vuelta Guayaquil-Quito USD entre 110 y 115.

Los precios en el mercado varían. Este Diario constató que por un pasaje con el mismo destino, ida y vuelta, ofertado por ejemplo en LAN, el precio no supera los USD 80, entre semana. Lo mismo sucede con Aerogal y Tame. 

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