Cómo una red movía hasta 40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador
Especialistas analizan los controles que habrían permitido sostener una ruta marítima de cocaína desde Ecuador.
Diez barcos pesqueros con sede en Ecuador habrían abastecido en alta mar a lanchas rápidas utilizadas para transportar cocaína hacia México. La operación incluía entregas de combustible, alimentos y asistencia médica, además del monitoreo de embarcaciones de las fuerzas del orden, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó el 20 de agosto de 2026 a ocho personas y siete entidades con sede en Ecuador. El organismo también identificó como propiedad bloqueada a las 10 embarcaciones señaladas dentro de esta estructura.
Los barcos operaban cerca de Manta bajo la fachada de actividades pesqueras legítimas. De acuerdo con la OFAC, la red enviaba miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia México para su posterior distribución en Estados Unidos.
El informe relaciona a integrantes de la estructura con Los Choneros y Los Lobos. Estas organizaciones ecuatorianas mantienen conexiones con el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según las autoridades estadounidenses.
Barcos pesqueros abastecían a lanchas rápidas
La estructura combinaba barcos pesqueros y lanchas rápidas conocidas como go-fast. Las primeras embarcaciones transportaban provisiones hasta puntos previamente coordinados en el Pacífico Oriental, donde abastecían a las lanchas encargadas de continuar la ruta.
La OFAC señala a Julio Javier Mero Franco como responsable de coordinar el transporte de aproximadamente 30 a 40 toneladas de cocaína mensuales desde Ecuador hacia Centroamérica y México.
Otros operadores habrían movilizado miles de kilogramos desde la costa ecuatoriana. Los barcos también proporcionaban combustible, alimentos y servicios médicos, además de detectar y monitorear la presencia de las fuerzas del orden.
Una de las embarcaciones identificadas, Todos Vuelven, también habría transportado directamente cargamentos de cocaína de varias toneladas. Los demás barcos cumplían principalmente funciones de apoyo logístico.
Hernán Moreano, experto en seguridad, explica que parte de la cocaína procedente de Colombia llega por vía terrestre a Ecuador y posteriormente sale hacia los mercados internacionales. También señala que el país recibe droga producida en Perú.
Desde esa perspectiva, Ecuador funciona como un punto de conexión dentro de la ruta. Moreano ubica a Estados Unidos como el principal consumidor de cocaína a escala global, aunque sostiene que las estructuras también abastecen a mercados europeos y asiáticos.
Los grupos ecuatorianos cumplen funciones logísticas
Los Choneros y Los Lobos no trabajarían de manera independiente dentro de esta cadena. Según Moreano, ambas organizaciones cumplen funciones de cooperación para los carteles mexicanos.
El especialista señala que las lanchas go-fast forman parte de las inversiones realizadas por esos carteles junto con grupos delincuenciales ecuatorianos. También sostiene que en aguas internacionales se producen intercambios de cocaína por armamento y dinero en efectivo.
Ese último señalamiento corresponde al análisis de Moreano y no aparece descrito en el comunicado de la OFAC.
Jean Paul Pinto, experto en seguridad, considera que la información estadounidense no revela la creación de organizaciones diferentes, sino una ruta empleada por redes que ya operaban en Ecuador.
A su criterio, los barcos pesqueros y las lanchas constituyen la infraestructura local utilizada para trasladar la droga hasta otras embarcaciones en alta mar. Pinto describe esta relación como una alianza logística entre carteles mexicanos y estructuras ecuatorianas que funcionan como operadores locales.
⟫ https://t.co/P1NL2MunMP | 🚤 Este era el modus operandi de 10 embarcaciones que movían droga de Ecuador a México pic.twitter.com/qQtsoXMlFx
— El Comercio (@elcomerciocom) August 21, 2026
La novedad, desde su análisis, radica en la identificación de la ruta, las personas, las empresas y las embarcaciones presuntamente involucradas.
Los controles marítimos quedan bajo análisis
El movimiento mensual de entre 30 y 40 toneladas mencionado por la OFAC abre interrogantes sobre la capacidad de vigilancia en la costa y el espacio marítimo ecuatoriano.
Moreano atribuye las dificultades de control a la falta de radares, la extensión del mar territorial y la insuficiencia de medios aéreos. Según el especialista, un solo avión no puede localizar y monitorear todas las embarcaciones sospechosas.
Dentro de su análisis también menciona posibles hechos de corrupción entre autoridades marítimas. Sin embargo, el comunicado estadounidense no identifica a funcionarios ecuatorianos ni establece responsabilidades contra integrantes de la Armada u otras instituciones públicas.
Pinto sostiene que el funcionamiento de la estructura evidencia fallas de inteligencia y problemas en los controles portuarios y marítimos. A su criterio, las autoridades ecuatorianas debieron detectar las salidas, cargas y movimientos de las embarcaciones antes de que un gobierno extranjero expusiera la operación.
El especialista también plantea la existencia de infiltración criminal en entidades encargadas de la vigilancia. Esta afirmación corresponde a su interpretación del caso; la OFAC no presentó en su comunicado información específica sobre autoridades presuntamente infiltradas.
Ecuador carece de suficientes radares, según Moreano
Moreano considera necesario fortalecer la cooperación con Colombia, Perú y Estados Unidos mediante tecnología de drones, satélites y radares.
El experto también plantea un plan conjunto con la DEA, el FBI, la CIA y el Comando Sur para monitorear, localizar y detener embarcaciones sospechosas que salgan desde las costas ecuatorianas.
La coordinación con la Fiscalía, agrega, resulta necesaria para dar sustento legal a las incautaciones realizadas en alta mar y procesar a las personas detenidas durante esos operativos.
Estados Unidos informó que las sanciones forman parte de un esfuerzo más amplio contra el narcotráfico en el Pacífico Oriental. La Guardia Costera estadounidense lanzó en agosto de 2025 la operación Pacific Viper y, hasta junio de 2026, había incautado aproximadamente 112 toneladas de cocaína.
El combustible subsidiado aparece en la ruta
El informe de la OFAC señala que los barcos pesqueros utilizaban combustible subsidiado por el Gobierno ecuatoriano para abastecer a las lanchas rápidas cargadas con cocaína.
Moreano advierte que existe contrabando de combustibles a lo largo de la costa y que la gasolina destinada exclusivamente a embarcaciones pesqueras puede almacenarse para otros fines. Parte de esos movimientos ocurriría durante la noche o la madrugada, según su análisis.
.@statedeptspox: "Los Estados Unidos está sancionando a más de una docena de individuos y empresas con sede en el Ecuador por enviar miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia México para su distribución en nuestra patria".
— US Embassy Ecuador (@USembassyEC) August 20, 2026
Más información:… https://t.co/JZuTyO1RX0
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos es la institución que debe vigilar el uso del combustible subsidiado. Moreano considera que ese organismo puede ser vulnerable a intentos de cooptación por parte de grupos delincuenciales organizados.
El experto propone aplicar un plan de seguridad integral con personal capacitado para controlar la distribución y el uso del combustible. La OFAC no explicó cómo fue adquirido el producto ni identificó a servidores públicos que hubieran facilitado su presunto desvío.
Las sanciones bloquean bienes y transacciones
Como consecuencia de las designaciones, los bienes e intereses que las personas y entidades sancionadas mantengan en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.
La medida también alcanza a las empresas que pertenezcan, directa o indirectamente, en un 50% o más a una o varias personas sancionadas. Las regulaciones estadounidenses prohíben, salvo autorización, las transacciones que involucren propiedades o intereses de los designados.
La OFAC también advirtió que instituciones financieras y personas extranjeras pueden exponerse a sanciones si participan en determinadas operaciones con los señalados.
La ruta que movía hasta 40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador; preguntas frecuentes
Según la OFAC, diez embarcaciones con sede en Ecuador habrían funcionado como apoyo logístico para lanchas rápidas que transportaban cocaína hacia Centroamérica y México.
Los barcos llevaban combustible, alimentos y asistencia médica hasta puntos coordinados en alta mar. También habrían monitoreado la presencia de embarcaciones de las fuerzas del orden.
La OFAC señala a Julio Javier Mero Franco como responsable de coordinar el transporte de aproximadamente 30 a 40 toneladas de cocaína mensuales desde Ecuador hacia Centroamérica y México.
La red utilizaba barcos pesqueros y lanchas go-fast. Una de las embarcaciones, Todos Vuelven, también habría transportado directamente cargamentos de varias toneladas.
El informe estadounidense relaciona a integrantes de la estructura con Los Choneros y Los Lobos, organizaciones que mantienen conexiones con el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Hernán Moreano y Jean Paul Pinto coinciden en que los grupos ecuatorianos cumplirían principalmente funciones logísticas y de cooperación dentro de una cadena internacional de narcotráfico.
Los expertos consultados consideran que la operación expone dificultades en la vigilancia marítima y en la capacidad para detectar los movimientos de embarcaciones sospechosas.
Moreano menciona la falta de radares y medios aéreos, mientras Pinto señala problemas de inteligencia y de control marítimo y portuario. Estas valoraciones corresponden a los especialistas y no a conclusiones establecidas por la OFAC.
La OFAC sostiene que los barcos pesqueros utilizaban combustible subsidiado por el Estado ecuatoriano para abastecer a las lanchas rápidas cargadas con cocaína.
El organismo estadounidense no explicó cómo se obtuvo ese combustible ni identificó a funcionarios ecuatorianos que hubieran facilitado su presunto desvío.
