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Tres escenarios para definir el futuro de Freddy Carrión y Pablo Celi

Freddy Carrión y Pablo Celi fueron principalizados -en la Defensoría del Pueblo y en la Contraloría, respectivamente- por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Fotos: Diego Pallero y Archivo EL COMERCIO

Freddy Carrión y Pablo Celi tienen varias cosas en común. Ambos fueron principalizados -en la Defensoría del Pueblo y en la Contraloría, respectivamente- por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

Ahora, los dos cumplen prisión preventiva en la Cárcel 4, en el norte de Quito. Su situación generó críticas, pues pese a estar detenidos, siguen siendo las máximas autoridades de sus instituciones, sin que el resto de funciones del Estado haya tomado una decisión sobre su futuro.

Para superar la crisis que atraviesa el titular de la Defensoría del Pueblo hay tres opciones: que Carrión renuncie, que sea censurado por la Asamblea o que abandone definitivamente el cargo.

Carrión está preso desde el 17 de mayo pasado, por una investigación por supuesto delito de abuso sexual.

Mientras que Celi está detenido por supuesta delincuencia organizada, dentro del llamado caso Las Torres, desde el 14 de abril último.

Expertos y autoridades dicen que para que el máximo ente de control recupere su legitimidad, Celi debe renunciar, la Asamblea destituirlo, o, a su vez, ser sentenciado.

En el caso de Carrión, su licencia de vacaciones concluyó el 17 de junio. Y según Zaida Rovira, defensora del Pueblo subrogante, se declaró su imposibilidad de ejercer el cargo, por fuerza mayor.

La semana anterior, desde la Cárcel 4, Carrión expidió una resolución con la que intentó cesar a Rovira, pero la funcionaria aclaró que el documento carece de legalidad. Incluso, ella ingresó una denuncia en Fiscalía para que se investigue cómo Carrión accedió a medios electrónicos.

Iván Durasno, abogado experto en Derecho Constitucional, dice que Carrión no puede emitir órdenes administrativas desde la prisión. Y menciona que en la Ley de la Defensoría del Pueblo sí se establece la figura de encargo, en caso de ausencia definitiva del titular del organismo.

Dicha norma establece el cese de funciones del Defensor del Pueblo, entre otras causales por renuncia aceptada en la Asamblea, vía destitución por juicio político o por abandono del cargo. Para que se configure la ausencia definitiva del puesto, la ley establece 90 días de ausencia.

Actualmente hay dos solicitudes de juicio político contra Carrión en el Legislativo. Además, Rovira pidió al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) que “nombre a un representante que dirija la Defensoría hasta que se convoque a un nuevo concurso para elegir al titular”.

Sofía Almeida, presidenta del Cpccs, mencionó que luego de transcurridos los tres meses de abandono se podría proceder con el encargo. “Estamos analizando para tomar una decisión correcta”.

Según la Ley, el encargo durará mientras el Cpccs efectúe el concurso de méritos y oposición para designar al nuevo Defensor del Pueblo.

En el caso de la Contraloría, el vicepresidente del Cpccs, David Rosero, cree que puede haber tres salidas.
La primera es que Celi renuncie al cargo. De hecho, el miércoles pasado el Cpccs aprobó una resolución en la que se exhortó a Celi a dar un paso al costado, “a fin de salvaguardar la institucionalidad”.

La segunda salida es que la Asamblea Nacional tramite un juicio político contra Celi. Actualmente, se analiza un pedido en firme.

La tercera opción es que la Corte Constitucional dé seguimiento al dictamen 219 que “blindó” la ratificación de Celi, para que se pueda convocar anticipadamente al concurso de Contralor.

La crisis se profundizó el lunes, luego de que Valentina Zárate, subcontralora, presentara su renuncia.

Pero su salida no está en firme, pues las renuncias se deben enviar con 15 días de anticipación. Y mientras la autoridad que la nominó -Celi, en este caso- no se pronuncie, no se da por aceptada.

En dos semanas se formalizaría su renuncia y Contraloría no tendría ningún funcionario que reemplace a Celi, mientras se tramita su juicio.

El constitucionalista Diego Paredes cree que la Ley de la Contraloría otorga demasiado poder a su titular, sin que se le pueda auditar. Desde la Contraloría se indicó que desconocen si Celi firmó resoluciones desde la Cárcel 4.

Para Paredes, el Cpccs podría adelantar el concurso de Contralor si Celi es censurado por la Asamblea Nacional o si es llamado a juicio por delincuencia organizada.