El juez Fernando Cantos mantuvo este lunes, 20 de enero de 2025, la prisión preventiva contra tres imputados en el caso Plaga. La decisión se anunció tras una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por los procesados en la Corte Nacional de Justicia.
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Durante el proceso, los acusados presentaron argumentos para pedir la revocatoria de su situación legal.
La audiencia se realizó en horas de la mañana y tuvo un receso hasta las 12:15, cuando el juez reinstaló la sesión. Al concluir, la autoridad judicial negó las solicitudes presentadas por Cristian R., Gary P. y Hugo H., confirmando la medida preventiva. La decisión fue informada por la Fiscalía a través de un comunicado en sus redes sociales.
El caso Plaga involucra la investigación de una presunta red de delincuencia organizada. Según la Fiscalía General, esta red habría manipulado el sistema judicial para otorgar beneficios ilegítimos a personas privadas de la libertad.
Avances y resoluciones en el proceso penal en el caso Plaga
En agosto de 2024 concluyeron los 120 días de instrucción fiscal del caso Plaga. De los 31 procesados iniciales, dos obtuvieron un dictamen abstentivo que los excluyó de la causa penal. La Fiscalía indicó que no logró mantener una acusación fidedigna contra María José L. y Víctor V., quienes eran parte de la investigación.
El dictamen abstentivo también ordenó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas a ambos.
El caso Plaga comenzó en abril de 2024, tras allanamientos realizados en varias provincias del país. Inicialmente, se detuvo a 14 personas, número que se amplió a medida que avanzaron las investigaciones. Entre los implicados se encuentran jueces, abogados y funcionarios penitenciarios.
Procedimientos abreviados y testimonios anticipados
A partir del martes, 21 de enero, el conjuez temporal Edison Cantos atenderá once solicitudes de procedimiento abreviado dentro del caso. Este recurso busca una resolución rápida para los implicados que reconocen su participación en los hechos investigados. Entre los solicitantes se encuentran abogados en libre ejercicio, exjueces y exfuncionarios penitenciarios.
Los testimonios anticipados presentados han sido claves en el desarrollo del caso. Varios procesados admitieron haber realizado acciones irregulares a cambio de beneficios económicos. También se detalló cómo operaba la red, utilizando certificados médicos falsos y manipulando el sistema judicial para otorgar medidas cautelares.
La Fiscalía asegura que las pruebas presentadas apuntan a un esquema organizado que involucraba sobornos y abuso de procedimientos legales.
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