
Este lunes 27 de julio de 2026, el Consejo de la Judicatura sancionó con 90 días de suspensión sin sueldo a tres magistrados de Pichincha. Esta medida se tomó tras revocar la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Goleada.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió suspender temporalmente a los jueces Silvia Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Chóez Avilés.
Estos magistrados, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Pichincha, enfrentan una suspensión de hasta 90 días sin goce de remuneración.
Esta acción ocurre mientras se sustancia un sumario disciplinario en su contra. La presidenta del organismo, Mercedes Caicedo Aldaz, precisó que esta medida es preventiva y no constituye una sanción definitiva.
Sin embargo, no descartó que el proceso pueda terminar en la destitución de los jueces.
El expediente administrativo contra el tribunal surgió a raíz de una queja impulsada por Daniel Frías, exaspirante a Defensor Público. Según los antecedentes, la denuncia se presentó a pesar de que Frías no era parte procesal en la causa original.
La Judicatura informó que la Corte Nacional de Justicia señaló un presunto “error inexcusable” en el fallo emitido por estos jueces, así lo reportó este Medio en una nota periodística publicada el 9 de junio de 2026.
El organismo de control sostiene que los magistrados excedieron sus competencias legales al abordar aspectos de fondo durante una apelación que debía limitarse exclusivamente a la revisión de la prisión preventiva, ignorando el objeto de cada etapa del proceso penal.
La polémica se remonta al 2 de abril, cuando los jueces ahora suspendidos acogieron la apelación interpuesta por el alcalde Aquiles Álvarez y sus hermanos, Antonio y Xavier Álvarez Henriques.
En aquel entonces, el tribunal ordenó revocar la prisión preventiva dentro del caso Goleada. Esta investigación involucra a 17 personas por un presunto lavado de activos proveniente de la comercialización ilegal de combustibles en la frontera norte.
A pesar de dicho fallo, Álvarez ha permanecido bajo otras dos órdenes de prisión vigentes relacionadas con el caso Triple A y el supuesto incumplimiento en el uso de su dispositivo de vigilancia electrónica.
Daniel Frías, impulsor del proceso administrativo, se retiró previamente del concurso para Defensor Público tras conocerse su vinculación con un vehículo perteneciente a Xavier Jordán.
Este último es identificado por la Fiscalía como testaferro del fallecido narcotraficante Leandro Norero. Frías, quien actualmente muestra afinidad política con el Gobierno del presidente Daniel Noboa, presentó la denuncia contra los magistrados ante el órgano administrativo.
Esta acción ha derivado en la actual suspensión mientras continúa la investigación disciplinaria.
El caso Goleada sigue sumando actores procesales. El 1 de junio, el juez Jairo García ordenó la captura de dos primos del alcalde Álvarez tras la vinculación solicitada por el fiscal Dennis Villavicencio.
La Fiscalía sostiene que el esquema de lavado de activos habría involucrado a diversos miembros del círculo familiar del burgomaestre, incluyendo a su esposa y madre.
Por su parte, el fiscal general, Carlos Alarcón, ya había interpuesto una denuncia formal ante la Corte Nacional contra el tribunal de Pichincha que otorgó la libertad a los hermanos Álvarez.
Argumentó que su decisión vulneró los procedimientos y causó un daño a la administración de justicia.