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La audiencia de vinculación del caso Goleada, programada para este martes 26 de mayo a las 09:00 horas, sufrió una nueva suspensión. El juez Jairo García convocó la diligencia de manera telemática; sin embargo, no pudo instalarse debido a un escrito presentado por los primos del alcalde de Guayaquil, Fernando y Andrés Viteri Henriques, solo una hora antes del inicio.
El documento, respaldado por el Registro Mercantil de Guayaquil, contradice la información que la Superintendencia de Compañías había entregado previamente al juez.
Mientras que el ente de control reportó el 18 de mayo que los primos del alcalde figuraban como administradores de varias empresas investigadas, el Registro Mercantil certificó que ellos renunciaron a sus cargos en marzo de 2026.
Estas dimisiones fueron inscritas legalmente en los libros de dicha entidad entre el 24 y el 31 de marzo.
El abogado del alcalde, Ramiro García, precisó que, según la ley ecuatoriana, la Superintendencia de Compañías actúa como un órgano de registro posterior. Este no puede validar cambios societarios sin una inscripción previa en el Registro Mercantil.
“La Superintendencia de Compañías solo lleva el registro, pero ese registro no está actualizado”, afirmó el defensor.
Ante esta situación, el juez Jairo García dispuso que se oficie a ambas instituciones para identificar, en un plazo de 24 horas, a los administradores subrogantes o miembros del directorio.
Esto busca notificarles legalmente para una nueva fecha. La Fiscalía solicitó que la Defensoría Pública actúe en defensa de las empresas para evitar nuevas dilaciones; sin embargo, el magistrado ordenó que esto se ejecute en la siguiente convocatoria.
El caso Goleada, que comenzó por presunta delincuencia organizada y fue reformulado por presunto lavado de activos, busca vincular a cinco personas naturales: Gioconda Henriques (madre del alcalde), Fiorella Icaza (esposa), Fernando y Andrés Viteri Henriques, y la contadora Érika Vélez.
Asimismo, se pretende incluir a nueve personas jurídicas, entre ellas Grupo Alva3, Ternape Petroleum, Corpalubri, Indudiesel y Copedesa.
La defensa de los procesados ha advertido que estas suspensiones reducen el tiempo para el ejercicio del derecho a la defensa. Esto resulta relevante dado que la instrucción fiscal culmina el 11 de junio de 2026.
El alcalde Aquiles Alvarez, quien mantiene medidas alternativas, permanece detenido por otros procesos judiciales. Paralelamente, la Fiscalía ha vinculado a las hermanas Jessenia y Érika Vélez al caso, basándose en chats que revelarían presuntas transacciones irregulares de combustible subsidiado entre Petroecuador y la empresa Ternape Petroleum.
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