El Consejo de la Judicatura (CJ) dio a conocer que desde el 2013 hasta el 2022 se han registrado recortes presupuestarios de forma sistemática. Según esa entidad, esa disminución de recursos “atentan contra la independencia de la Función Judicial”. Así lo dio a conocer este jueves 13 de abril del 2023.
De hecho, el pasado 3 de abril, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, presentó una acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso y el Ministro de Finanzas.
El objetivo de presentar ese recurso jurisdiccional fue exigir al Primer Mandatario la “asignación del presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda garantizar a los ciudadanos el servicio de justicia”.
“El artículo 286 de la Constitución de la República determina que el Estado debe priorizar la asignación de presupuesto para los sectores de salud, educación y justicia. Sin embargo, en el caso del sector justicia, esto no se cumple, lo cual vulnera los derechos de los usuarios y servidores del sistema judicial”, señaló el CJ.
La audiencia de acción de protección
La audiencia de acción de protección arrancó el 10 de abril del 2023, en el Complejo Judicial Norte de Quito. En esa diligencia, el Ministerio de Finanzas señaló que en 10 años asignó más de USD 4 000 millones al CJ. Según esa cartera de Estado, de ese monto total, el CJ habría ejecutado el 85% del presupuesto y habría devuelto USD 500 millones a las arcas fiscales entre el 2013 y 2022.
Por otra parte, la Judicatura dijo que esa afirmación del Ministerio de Finanzas “no es correcta y no tiene un sustento técnico”. El CJ dijo que, entre el 2023 y 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas entregó a la Función Judicial un total de USD. 4298,7 millones.
“De este monto, en promedio se devengó el 96,91%. Solo el 3,09% de esos recursos (USD. 141,2 millones) no fue ejecutado por cuestiones procedimentales”, indicó la Judicatura.
Un informe estadístico, que se presentó en la audiencia, señala que, año tras año, la asignación presupuestaria fue menor. En el 2013, el presupuesto asignado fue de USD 552 millones y en el 2022 bajó a USD 360 millones.
Durante 12 horas, la jueza de Pichincha, Cecilia Pareja, escuchó los argumentos de la Judicatura y del Gobierno. Luego, la magistrada suspendió la diligencia para analizar la decisión que tomará. Está previsto que esta audiencia de acción de protección se reinstale el 19 de abril del 2023, a las 09:00.
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