El Ministerio de Economía y Finanzas asegura que el Consejo de la Judicatura solo ha ejecutado el 2% de su inversión hasta este 31 de marzo de 2023.
Según la minuta difundida por la cartera de Estado este lunes 3 de abril, el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas al Consejo de la Judicatura es de USD 348 millones.
El Ministerio de Economía afirma que de los USD 348 millones, el Consejo destina USD 319 millones para el gasto de personal. “Mientras que su Plan Anual de Inversiones tiene asignado USD 7.5 millones”.
Por la misma línea, el Ministerio enfatiza que, durante el 2022, el Consejo de la Judicatura solo ejecutó el 47% de su Plan Anual de Inversiones.
“En modernización tecnológica, ejecución 39%; en modernización de los servicios, ejecución 59%; en plataforma electrónica notarial, ejecución 62%”, afirma la minuta.
Luego de resaltar estos puntos, el comunicado señala que “el Consejo de la Judicatura debe ocuparse de ejecutar con eficiencia y sentido de urgencia los recursos asignados”.
El Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador difundió este comunicado luego de que el Consejo de la Judicatura presentara una acción de protección contra Guillermo Lasso, presidente del Ecuador.
Judicatura presenta acción de protección contra Guillermo Lasso
El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, presentó una acción de protección contra Guillermo Lasso, con el fin de exigir la “asignación del presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda garantizar a los ciudadanos el servicio de justicia”.
El recurso judicial fue presentado en horas de la mañana de este lunes 3 de abril de 2023.
La acción de protección también fue presentada contra el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y, el procurador del Estado, Juan Carlos Larrea.
Según Terán, la Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de USD 265,6 millones. De esa cantidad, “USD 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema de las notarías”.
Además, David Guzmán, director general del CJ, explicó que la falta de presupuesto “vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia, eficiente y oportuno”.
El funcionario también señaló que “los continuos recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, han afectado a la seguridad jurídica del país, a la autonomía de la Función Judicial”.
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