El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, presentó una acción de protección en contra el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. Este hecho ocurrió el pasado 3 de abril del 2023.
Esa acción de protección fue presentada en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito. Este miércoles 5 de abril del 2023 se conocieron detalles de su contenido.
Este recurso legal fue presentado en contra de Lasso y Arosemena “por omisiones en sus deberes de proveer recursos económicos suficientes a la Función Judicial”.
“La garantía jurisdiccional fue presentada el lunes 3 de abril de 2023, contra los mencionados funcionarios, por omisión de su deber de proveer recursos económicos suficientes para el ejercicio de los derechos a la defensa, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, trabajo digno y seguridad jurídica de los usuarios del servicio de justicia y de quienes trabajan en su prestación”, indicó la Judicatura.
En el texto de la acción de protección se señala que, en los últimos 10 años, la Función Judicial ha sufrido una reducción presupuestaria de más de USD 200 millones.
En ese documento se menciona que, en 2013, se asignaron más de USD 550 millones a la Función Judicial. Mientras que, en el 2023, el presupuesto codificado es de USD 347,7 millones.
Según Terán, “ese monto que no es suficiente para financiar el gasto corriente de la Función Judicial, así como tampoco los proyectos de inversión y de modernización”.
En el documento presentado también consta que “debe existir una reparación por parte de los órganos que, con sus omisiones, vulneran los derechos de protección, entre ellos, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.
¿Qué se solicita en la acción de protección?
La acción de protección busca que la Presidencia de la República ordene al Ministerio de Finanzas consignar, a favor del Consejo de la Judicatura, el valor de USD 265’650.998,80.
“Ese monto constituye el déficit del gasto corriente del ejercicio fiscal 2023, con un recargo del 10% por cada día de retraso, en caso de incumplimiento del plazo otorgado, adicionado a esta suma global, los intereses legales y vigentes”, se señala en ese documento legal.
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