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El alcalde de Vinces, Juan Alfonso Montalván Cerezo, fue detenido este 28 de octubre durante un operativo por supuesto lavado de activos. La Fiscalía y la Policía allanaron dependencias municipales y domicilios en Los Ríos, Azuay y Guayas. El Ministerio del Interior reportó 16 personas detenidas y 20 allanamientos; la Fiscalía informó que prevé formular cargos contra 12 detenidos, mientras que cuatro quedaron bajo órdenes de detención con fines investigativos.
Según el Ministerio del Interior, la investigación analiza movimientos financieros por aproximadamente 3,22 millones de dólares y adquisiciones de bienes entre 2019 y 2026. Esa cifra forma parte de la hipótesis oficial sobre una presunta estructura; no constituye una determinación judicial de responsabilidad.
Vinces se suma a otros cantones donde la Fiscalía allanó dependencias municipales o impulsó causas contra alcaldes, funcionarios y contratistas. Los avances no son iguales: algunas investigaciones siguen en fase previa, otras ya llegaron a juicio y una, la de Riobamba, tiene un fallo oral de inocencia que aún puede recibir recursos.
En Cuenca, la Fiscalía abrió en marzo una investigación previa por supuesto enriquecimiento ilícito contra el alcalde suspendido Cristian Zamora.
En septiembre pidió que se fije una audiencia de formulación de cargos, pero hasta la información publicada el 27 de octubre esa diligencia no se había concretado.
El 27 de octubre, la Fiscalía ejecutó otra operación por supuesto peculado relacionada con contratos del Municipio durante la administración de Zamora. Allanó domicilios de exfuncionarios y dependencias municipales.
Esta causa sigue en investigación previa; los reportes disponibles no informan una formulación de cargos contra el alcalde suspendido. Además, en octubre el Gobierno presentó tres denuncias por supuesto peculado relacionadas con contratos de hospitales. Esas denuncias también son distintas de la investigación por enriquecimiento ilícito.
En Quito, la Fiscalía allanó oficinas municipales el 21 de octubre dentro de una investigación previa por supuesto peculado. El expediente revisa dos contratos de obra pública adjudicados en 2024, por más de 4 millones de dólares.
El concejal Michael Aulestia dijo que presentó las denuncias y que el alcalde Pabel Muñoz no aparece en ellas; la investigación apuntaría a funcionarios y directivos de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. La Fiscalía no había anunciado formulación de cargos al cierre de la información consultada.
En paralelo, Juan Esteban Guarderas presentó una denuncia contra Muñoz por supuestos delitos de concusión y cohecho, relacionados con supuestos cobros a funcionarios municipales. Hasta la información pública localizada, se trata de una denuncia que debe investigar la Fiscalía; no de una formulación de cargos ni de una declaración judicial sobre los hechos.
En Guayaquil, la Fiscalía allanó dependencias municipales el 2 de abril por una investigación previa sobre presunta falsificación y uso de documento falso. En otra causa, el caso Goleada, Aquiles Alvarez enfrenta un proceso por supuesto lavado de activos.
En septiembre, Alvarez tenía dos sentencias de primera instancia, en los casos Triple A y Grillete, y la causa Goleada seguía en etapa preparatoria de juicio. Estos procesos involucran al alcalde; la información disponible no convierte al Municipio de Guayaquil en procesado dentro de Goleada.
En Machala, Darío Macas ya no es alcalde: el Concejo Cantonal tramitó su renuncia el 14 de agosto. Sin embargo, continúa procesado por supuesto enriquecimiento ilícito y permanece con prisión preventiva, según la información publicada en octubre.
El Tribunal tenía prevista para el 19 de octubre una audiencia para revisar esa medida, pero la difirió por razones de agenda y no había fijado una nueva fecha en los reportes localizados. La renuncia al cargo no cerró el proceso penal.
La Fiscalía abrió esta causa en junio por supuesto peculado, luego de una denuncia sobre un posible direccionamiento de contratos municipales.
En julio cambió el tipo penal a supuesto enriquecimiento ilícito y formuló cargos contra Macas y su esposa. La Fiscalía expuso movimientos financieros y patrimoniales que, según su hipótesis, requieren explicación. La defensa cuestionó la interpretación de esos movimientos.
En Esmeraldas, Vicko Villacís continúa con prisión preventiva en el caso Blindado. El 15 de octubre, un tribunal ratificó esa medida y también ordenó prisión preventiva para otros dos procesados.
La Fiscalía investiga un supuesto lavado de activos relacionado con recursos de Petroecuador y decisiones judiciales. La causa involucra al alcalde, pero la información fiscal publicada no la describe como una investigación por contratos del Municipio.
En El Tambo, Cañar, la Fiscalía formuló cargos en agosto contra el alcalde René Castillo, un concejal y un promotor de eventos por supuesto peculado. La causa revisa la recaudación de entradas para un concierto por la cantonización. Un juez dictó prisión preventiva para los tres. En las fuentes consultadas no aparece una decisión posterior que levante esa medida o cierre el proceso.
En Pujilí, el alcalde José Arroyo sigue procesado por supuesto peculado y el caso Ornato Municipal ya está en etapa de juicio.
Las audiencias comenzaron el 16 de octubre y continuaron durante los días siguientes. Arroyo permanece detenido en la cárcel La Roca, según los reportes judiciales publicados el 19 de octubre. La investigación empezó en 2024, aunque el llamado a juicio y las audiencias ocurrieron en 2026.
El caso de Riobamba requiere una corrección frente a la versión anterior. El 26 de octubre, un tribunal declaró la inocencia del alcalde John Vinueza y de otros cuatro procesados en el caso Altares.
Los jueces también dispusieron el cese de las medidas cautelares. La decisión se conoció de forma oral; la sentencia escrita estaba pendiente y la Fiscalía podía apelar. Por eso, no corresponde presentarlo como un proceso que sigue en etapa de juicio ni afirmar que ya existe una sentencia ejecutoriada.
La Fiscalía había acusado a los procesados por supuesta asociación ilícita, en una investigación sobre posibles irregularidades en trámites de tránsito, cupos de taxis y eliminación de multas. Esos señalamientos no quedaron probados en el fallo oral que declaró la inocencia de Vinueza.
La Fiscalía allanó el Municipio de Macará, en Loja, en abril, por una investigación previa sobre supuesto tráfico de influencias en permisos de explotación minera.
En Marcabelí, El Oro, allanó las oficinas municipales en julio dentro de una investigación previa por supuesto peculado relacionado con posibles cobros que no habrían ingresado a las arcas municipales. En los reportes consultados no constan formulaciones de cargos en esas causas.
En Francisco de Orellana, la Fiscalía allanó el Municipio en agosto por una investigación previa de presunta falsificación y uso de documento falso. La causa comenzó en febrero, después de una denuncia de un concejal.
En Espíndola, Loja, allanó oficinas municipales y domicilios en octubre por una investigación de supuesto tráfico de influencias. Los reportes disponibles sobre estos dos casos describen diligencias para recabar indicios, pero no una formulación de cargos.
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