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La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron tres allanamientos en la provincia de Pichincha como parte de una investigación por presunto peculado relacionada con la adjudicación de contratos de obra pública.
Según informó la Fiscalía, las intervenciones se realizan este miércoles 21 de octubre de 2026 en oficinas del Municipio de Quito, un consorcio en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.
Las diligencias se desarrollan de forma simultánea en tres puntos de la provincia de Pichincha. La Fiscalía señaló que los operativos se ejecutan con apoyo de la Policía en el marco de una investigación por presunto peculado.
Las intervenciones comprenden oficinas del Municipio de Quito, las instalaciones de un consorcio ubicado en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular del que no se ha revelado su identidad hasta el momento.
De acuerdo con una actualización difundida por la Fiscalía, los allanamientos buscan recabar indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados durante 2024.
La entidad indicó que los contratos investigados superan los 4 millones de dólares.
Hasta el momento, la información difundida por la Fiscalía no precisa el nombre de los contratos bajo investigación ni los resultados de los allanamientos.
#AHORA | #Pichincha: #FiscalíaEc y la Policía ejecutan 3 allanamientos en el marco de una investigación por presunto #Peculado. Las intervenciones se desarrollan en oficinas del Municipio de #Quito, un consorcio en #Rumiñahui y el despacho de un abogado particular. https://t.co/l6gzWQgVfF
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 21, 2026
Los allanamientos se producen en medio de la controversia que enfrenta el Municipio de Quito tras la denuncia penal presentada por Juan Esteban Guarderas, exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). En ella, señala un presunto cobro de diezmos a servidores municipales desde 2024.
“Todos corroboran que habría este aparato de cobro recurrente de diezmos que los funcionarios llaman ‘vacunas’”, dijo el martes 20 de octubre en una entrevista con EcuadorTv.
La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron tres allanamientos en Pichincha por una investigación de presunto peculado relacionada con la adjudicación de contratos de obra pública.
Los operativos se realizaron el miércoles 21 de octubre de 2026 en oficinas del Municipio de Quito, un consorcio ubicado en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular. Las diligencias buscan recabar indicios para la investigación.
La Fiscalía investiga la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados durante 2024, cuyo valor conjunto supera los USD 4 millones.
Hasta la información difundida el 21 de octubre de 2026, la Fiscalía no había precisado los nombres de los contratos investigados ni los resultados de los allanamientos.
Los tres allanamientos se realizaron en oficinas del Municipio de Quito, las instalaciones de un consorcio en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.
Las intervenciones se ejecutaron de forma simultánea con la participación de la Fiscalía y la Policía Nacional. La identidad del abogado particular no había sido revelada en la información oficial disponible.
Los allanamientos se producen en medio de la controversia por la denuncia penal presentada por Juan Esteban Guarderas, exconsejero del Cpccs, sobre un presunto cobro de diezmos a servidores municipales desde 2024.
Guarderas afirmó que existiría un mecanismo recurrente de cobros que los funcionarios llamarían «vacunas», según una entrevista con EcuadorTV del 20 de octubre de 2026. Sin embargo, la información difundida no establece que la investigación por presunto peculado y la denuncia por los supuestos diezmos formen parte de una misma causa judicial.
Hasta el 21 de octubre de 2026, la Fiscalía no había detallado los resultados de los tres allanamientos ni identificado públicamente los contratos bajo investigación.
Las diligencias buscan recopilar indicios sobre la presunta adjudicación irregular de contratos de obra pública durante 2024. La investigación se encuentra relacionada con un presunto delito de peculado, por lo que las responsabilidades deberán establecerse mediante el proceso judicial correspondiente.