Juez llama a juicio a 25 personas por peculado en la Portuaria de Esmeraldas

Un juez dictó auto de llamamiento a juicio contra 25 procesados por presunto peculado en una obra de 12 millones de dólares.

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Una causa judicial por supuestos desvíos y anomalías en contrataciones del sector marítimo llegó a una etapa definitoria este martes 15 de septiembre de 2026. Con base en los elementos demostrativos recabados durante la instrucción, el Juez de la Unidad Anticorrupción resolvió llamar a juicio a 25 personas indagadas por supuesto peculado en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, investigación sustentada por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Causas del presunto peculado en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas

El origen del expediente se remonta a marzo de 2022, a partir de una denuncia ciudadana sobre anomalías en la adjudicación de una obra presupuestada en cerca de 12 millones de dólares, orientada a la construcción y ampliación de los muelles portuarios.

Conforme indican las investigaciones fiscales, servidores de la institución habrían favorecido a una compañía extranjera que se adjudicó y suscribió el documento contractual sin registrar domicilio fiscal dentro del territorio ecuatoriano ni contar con inscripción activa en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), vulnerando los pliegos que exigían domicilio local para oferentes nacionales o extranjeros.

Perfil de los procesados y vínculos contractuales

La lista de llamados a responder en este caso agrupa a exgerentes de la entidad estatal y a funcionarios que actuaron en las fases precontractual, contractual y de ejecución del proyecto.

En el grupo de servidores públicos figuran:

  • Iván R.,
  • Jéssica H.,
  • Rapahel M.,
  • Julio O.,
  • Nathalie V.,
  • Rafael I.,
  • Ana A.,
  • Gabriel H.,
  • Henry A.,
  • Cristina M. y
  • María S.

Entre los particulares llamados a juicio constan el representante legal de la empresa Grupo Industrial JPDR Sociedad Anónima de Capital Variable, dos contadores de dicha firma, además de una ciudadana señalada como intermediaria sin vínculo formal en la entidad ni en la empresa, junto a varios de sus familiares y allegados: Addis A., Erika G., Kleber V., Carlos I., César G., Gustavo V., Bronny A., Norma N., Xavier A., Ahmed M., Julio G., Daniel A., Félix A. y Raúl T.

Medidas cautelares y prófugos de la justicia

Dentro del dictamen jurisdiccional, 22 de los procesados mantienen medidas cautelares no privativas de la libertad, tales como presentaciones periódicas ante la autoridad competente y la prohibición expresa de salir del país.

En contraste, los procesados Addis A., Bronny A. y Julio G. cuentan con orden formal de prisión preventiva; no obstante, su etapa de juzgamiento quedó temporalmente suspendida debido a que permanecen en condición de prófugos.

Hitos del proceso penal y sanciones previstas

La causa avanzó tras allanamientos ejecutados en enero de 2023, la posterior formulación de cargos contra 12 personas en octubre de 2023 y la vinculación de 18 imputados adicionales el 1 de febrero de 2024, sorteando más de 10 diferimientos solicitados por los abogados defensores.

El caso se litiga bajo el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que tipifica el delito de peculado y fija penas privativas de libertad de 10 a 13 años para quienes comprometan recursos públicos.

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