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Los allanamientos ejecutados este miércoles 21 de octubre de 2026 en dependencias municipales, un consorcio ubicado en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular incorporan nuevos elementos a una investigación sobre contratación pública en Quito. Mientras la Fiscalía recopila información dentro de una causa por un posible delito de peculado, dos concejales de la capital relacionan el caso con adjudicaciones de obras y una supuesta concentración de contratos.
La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron tres allanamientos en la provincia de Pichincha dentro de una investigación relacionada con la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública que superan los cuatro millones de dólares.
Las diligencias se desarrollaron en oficinas del Municipio de Quito, en un consorcio asentado en Rumiñahui y en el despacho de un abogado particular.
Hasta el momento, la Fiscalía no informó resultados de los operativos ni precisó los nombres de los contratos que forman parte de la investigación.
El concejal Michael Aulestia (Construye) afirmó que las diligencias guardan relación con una denuncia que presentó ante la Fiscalía por un posible delito de peculado.
Según explicó, la denuncia incluye contratos que, a su criterio, contrarían disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Aulestia sostuvo que esos antecedentes dieron paso a la investigación y señaló que solicitó a la Fiscalía requerir información al Servicio Nacional de Contratación Pública para ampliar las verificaciones sobre los contratos observados.
El edil sostiene que existe una estructura integrada por sociedades, consorcios y personas naturales vinculadas entre sí que concentró adjudicaciones en distintas áreas de la administración municipal.
De acuerdo con sus declaraciones, los contratos relacionados con los hechos incluidos en su denuncia suman aproximadamente 65 millones de dólares.
Además, aseguró que el conjunto de empresas y consorcios mencionados en el expediente acumula cerca de 115 millones de dólares en contratos adjudicados dentro del Municipio de Quito.
Según indicó, las adjudicaciones alcanzan a distintas entidades de la corporación municipal.
Aulestia señaló que varios contratos forman parte de la información entregada a la Fiscalía.
Como ejemplos, mencionó un contrato identificado como Ecovía Lico EP 2024006, por 44 millones de dólares, y otro correspondiente a Vial Llochillos, suscrito en marzo de 2024.
El concejal también nombró otros proyectos y contratos vinculados a trabajos de rehabilitación vial, asfaltado e infraestructura que, según dijo, constan dentro de la documentación remitida a las autoridades.
El concejal Andrés Campaña (Imparables) indicó que, con la información disponible hasta ahora, la investigación se relaciona con una posible concentración de contratos a través de procesos de contratación pública.
Según manifestó, existiría un beneficiario o un grupo de beneficiarios vinculados que recibió adjudicaciones en áreas como rehabilitación vial y recuperación de espacio público.
Campaña agregó que agentes de la Fiscalía y miembros de la Policía Nacional participaron en las diligencias y afirmó que los operativos incluyeron las oficinas del alcalde Pabel Muñoz.
Tras los allanamientos, el Municipio de Quito informó que colaboró con las diligencias y entregó la información requerida por las autoridades.
La administración municipal sostuvo que los contratos de la actual gestión se adjudicaron mediante el sistema oficial de contratación pública y defendió la legalidad de esos procesos.
También señaló que mantendrá su colaboración con las autoridades mientras avanza la investigación.
Hasta el momento, la Fiscalía no formuló cargos ni informó resultados de los allanamientos. La causa continúa en fase de investigación.
La Fiscalía investiga una denuncia relacionada con una posible concentración de contratos públicos en distintas áreas de la administración municipal de Quito.
Contexto: El concejal Aulestia sostiene que sociedades, consorcios y personas naturales vinculadas entre sí concentraron adjudicaciones. Hasta el momento, la Fiscalía no formuló cargos ni informó los resultados de los allanamientos.
Los contratos relacionados con los hechos incluidos en la denuncia suman aproximadamente 65 millones de dólares, según el concejal Aulestia.
Contexto: El edil también aseguró que el conjunto de empresas y consorcios mencionados en el expediente acumula cerca de 115 millones de dólares en contratos adjudicados dentro del Municipio de Quito, incluidos procesos de distintas entidades de la corporación municipal.
El concejal Aulestia presentó la denuncia que dio paso a las verificaciones sobre contratos municipales observados.
Contexto: Según explicó, los contratos denunciados contrarían, a su criterio, disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. También señaló que solicitó a la Fiscalía requerir información al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
El concejal Aulestia mencionó el contrato Ecovía Lico EP 2024006, por 44 millones de dólares, y otro correspondiente a Vial Llochillos, suscrito en marzo de 2024.
Contexto: La documentación entregada a la Fiscalía también incluiría proyectos de rehabilitación vial, asfaltado e infraestructura. La información proporcionada no detalla los valores individuales de esos otros contratos ni sus adjudicatarios.
El concejal Andrés Campaña señaló que la investigación se relaciona con una posible concentración de contratos públicos a través de distintos procesos de contratación.
Contexto: Según Campaña, existiría un beneficiario o un grupo de beneficiarios vinculados que recibió adjudicaciones en áreas como rehabilitación vial y recuperación del espacio público.
Agentes de la Fiscalía y miembros de la Policía Nacional participaron en las diligencias, según indicó el concejal Andrés Campaña.
Contexto: Campaña afirmó que los operativos incluyeron las oficinas del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. La información proporcionada no precisa cuántos inmuebles fueron allanados ni qué documentos o indicios se encontraron durante los procedimientos.
El Municipio de Quito informó que colaboró con las diligencias y entregó la información requerida por las autoridades.
Contexto: La administración municipal defendió la legalidad de sus procesos de contratación y sostuvo que los contratos de la actual gestión se adjudicaron mediante el sistema oficial de contratación pública. También indicó que mantendrá su colaboración mientras avance la investigación.
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