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Un trámite judicial y electoral se activó contra Pabel Muñoz, luego de que este lunes 19 de octubre de 2026 se formalizara una acción acusatoria para que la justicia determine su conocimiento o participación en presuntas exigencias de aportes económicos a trabajadores del Municipio capitalino. La causa, impulsada por el activista político y exconsejero del Cpccs, Juan Esteban Guarderas, junto con el patrocinio del abogado Pablo Sempértegui, pide esclarecer la posible configuración de los delitos de concusión y cohecho dentro del denominado caso “Vacunas” o “VaQnas”.
El expediente entregado sostiene que las contribuciones obligatorias se habrían solicitado desde el año 2024 bajo advertencias de despido para el personal municipal.
De acuerdo con lo detallado por los acusadores, los montos exigidos oscilaban entre 60 y 120 dólares mensuales según la remuneración salarial de cada trabajador, teniendo que cancelarse durante los primeros cinco días de cada mes.
Entre el material recopilado tras tres meses de investigación conjunta con el colectivo ciudadano Vértice, la Fundación Lucha Anticorrupción y Visionarias, constan chats de WhatsApp con recordatorios de pago, audios, registros de cuentas bancarias y un video donde se observaría la entrega de 60 dólares en efectivo. Asimismo, los impulsores de la causa manifestaron que existen testimonios y evidencias de cobros extraordinarios a través de rifas y bingos obligatorios.
A la par de la vía penal, los denunciantes anunciaron que tramitarán diligencias ante la Contraloría General del Estado para revisar presuntas faltas administrativas. Según la argumentación expuesta, las recaudaciones se ejecutaban dentro de instalaciones públicas como la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y durante la jornada laboral, lo que implicaría el empleo indebido de horarios y recursos estatales, según Guarderas.
Por otro lado, se anticipó la presentación de una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) fundamentada en el artículo 281 del Código de la Democracia por supuesto financiamiento prohibido para la campaña de reelección.
En sus declaraciones, Guarderas indicó que un escenario hipotético de mil servidores aportando 80 dólares mensuales sumaría 960 000 dólares anuales, aclarando de forma expresa que se trata de un cálculo estimado y no de una cifra de recaudación comprobada.
La denuncia penal no solo comprende a Muñoz, sino que incluye a otras tres personas con sus nombres completos, entre quienes presuntamente figurarían directivos y gerentes de empresas municipales encargados de solicitar y recaudar los dineros. La parte demandante afirmó que decenas de servidores han decidido rendir su versión de los hechos.
Frente a este escenario, los juristas patrocinadores solicitaron mecanismos de protección urgente para los testigos. El pedido se sustentó en reportes sobre presuntas intimidaciones registradas en plataformas digitales y un incidente violento en el que se arrojó un objeto contundente contra la ventana del vehículo de uno de los declarantes.
Toda la documentación aportada deberá ser contrastada y verificada mediante pericias técnicas por las autoridades correspondientes.
❓ ¿Qué delitos se investigan contra Pabel Muñoz en el caso Vacunas?
Se investiga la presunta configuración de los delitos de concusión y cohecho.
La denuncia pide esclarecer la posible responsabilidad o conocimiento del alcalde respecto a aportes de dinero supuestamente exigidos a empleados municipales.
❓ ¿Qué pruebas se entregaron contra Pabel Muñoz en la Fiscalía?
Se presentaron videos de pagos, chats de WhatsApp, audios, registros bancarios y dos testimonios.
Los elementos fueron recabados por colectivos ciudadanos durante tres meses e incluyen grabaciones de entregas de efectivo y mensajes con recordatorios de pago.
❓ ¿Cuánto dinero se exigía presuntamente a los empleados municipales de Quito?
Los montos habrían oscilado entre 60 y 120 dólares mensuales, además de rifas y bingos obligatorios.
Según la acusación, las contribuciones se descontaban durante los primeros cinco días de cada mes bajo presuntas amenazas de despido laboral.
❓ ¿Qué otras instituciones intervendrán tras la denuncia a Pabel Muñoz?
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Contraloría General del Estado.
Los denunciantes buscan determinar faltas administrativas por uso de instalaciones públicas y verificar infracciones electorales por presunto financiamiento irregular de campaña.
❓ ¿Quiénes presentaron la acusación formal contra Pabel Muñoz?
El activista político Juan Esteban Guarderas con el patrocinio del abogado Pablo Sempértegui.
La causa incorporó información de la Fundación Lucha Anticorrupción, el colectivo Vértice y el medio Visionarias, señalando además a otros tres implicados.
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