Policías que pidieron 200 dólares en un bus de Sucumbíos reciben medidas cautelares

Cuatro policías en Sucumbíos quedaron con prohibición de salida del país tras exigir dinero por mercadería en un autobús.

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Un proceso penal por presunta concusión se inició contra cuatro policías en Sucumbíos, luego de que un juez de garantías penales dictara disposiciones judiciales en su contra tras haber sido acusados de exigir dinero en efectivo a pasajeros de un transporte interprovincial. Los agentes formaban parte de la dotación operativa de la Unidad de Control Fronterizo y fueron señalados de condicionar el paso de un lote de calzado comercial a cambio de una transacción económica en plena vía pública.

El operativo vial contra los policías en Sucumbíos

De acuerdo con los elementos expuestos durante la diligencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, los uniformados montaron un control carretero en la ruta que conecta Guayaquil con el cantón Joya de los Sachas (El Sacha). Al detener la marcha de la unidad de transporte de pasajeros, los servidores policiales inspeccionaron los compartimentos de equipaje y la carga que llevaban los usuarios.

En esa revisión, uno de los agentes identificó un bulto que contenía sandalias. Las personas responsables de los artículos explicaron de inmediato que el producto había sido comprado en Guayaquil con el objetivo de iniciar un emprendimiento comercial propio; sin embargo, los miembros del retén amenazaron con retener la mercadería si no se cancelaba un valor monetario para permitirles continuar el viaje.

La transferencia bancaria y el allanamiento en el destacamento

Frente a la exigencia planteada por los uniformados, la madre de uno de los comerciantes perjudicados realizó un depósito por el valor de 200 dólares hacia una cuenta bancaria facilitada directamente en el punto de control. Una vez concretada la transacción, la mujer dio aviso inmediato a las autoridades sobre el supuesto delito de concusión.

La denuncia motivó la ejecución de una intervención y allanamiento en las instalaciones de la Unidad de Control Fronterizo en la provincia amazónica. Durante la inspección en los dormitorios asignados a los sargentos Gustavo P. y Juan Carlos T., al cabo primero Freddy A. y al policía Edwin G., los agentes investigadores encontraron los pares de sandalias que habían sido retenidos de manera indebida a las víctimas.

Pruebas sustentadas por el Ministerio Público

En la audiencia formal, el fiscal del caso presentó como elementos de convicción el parte y testimonio del agente aprehensor, quien verificó el hallazgo de la mercadería al interior de los cuartos de descanso de los cuatro servidores policiales procesados.

Asimismo, se incorporó la declaración testimonial de la denunciante y el respectivo comprobante bancario que certificó el depósito de los 200 dólares a la cuenta indicada. La acusación se sustentó con base en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), norma que sanciona el delito de concusión cuando servidores públicos abusan de su cargo o funciones para exigir contribuciones, dineros o gratificaciones no autorizadas por la ley.

Medidas cautelares y plazo de instrucción fiscal

Tras analizar las pruebas de convicción presentadas, el juzgador resolvió dar inicio formal a la etapa de instrucción fiscal, la cual tendrá una duración de 30 días para profundizar en las diligencias periciales y testimoniales.

Para garantizar que los procesados comparezcan a las futuras etapas del juicio, el magistrado ordenó la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse de forma periódica ante la autoridad judicial competente mientras dure el procedimiento legal.

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