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Un operativo contra presuntas irregularidades en el otorgamiento de plazas docentes se desarrolló en la capital este martes, 13 de octubre de 2026. A partir de intervenciones judiciales que revelaron un esquema de cobros ilegales para obtener nombramientos en planteles educativos, tres empleados son indagados por venta de cargos en el Ministerio de Educación, dentro de un proceso por presunta concusión que detectó movimientos bancarios no justificados por cerca de un millón de dólares.
Las diligencias penales orientadas a frenar la venta de cargos en el Ministerio de Educación se concentraron en la denominada operación MINEDEC.
La intervención policial y fiscal abarcó tres allanamientos simultáneos: dos ejecutados en domicilios particulares y uno al interior de la sede principal de la cartera de Estado en Quito.
Como balance de las incursiones, un funcionario quedó bajo detención formal para la audiencia de formulación de cargos, mientras que otros dos colaboradores institucionales fueron retenidos con fines investigativos para la fijación de versiones y extracción de datos en dispositivos telefónicos.
Los reportes determinaron que la red delictiva habría estado solicitando sumas que iban desde 1 500 hasta 5 000 dólares a cambio de tramitar puestos de trabajo y emitir nombramientos en diversas instituciones educativas del país.
El principal sospechoso fue identificado como Ayala R., quien cumplía funciones en el departamento de mantenimiento del Ministerio. Sobre este colaborador recaen informes técnicos de control que identificaron un patrimonio y movimientos financieros injustificados que bordean el millón de dólares.
De manera simultánea, los agentes retuvieron a Ochoa N., trabajador asignado al área de conducción institucional, y a Félix P., colaborador del departamento de servicios generales.
Las autoridades de seguridad precisaron que ambos forman parte de la estructura bajo sospecha y fueron trasladados para rendir su versión oficial. Tras el análisis pericial del contenido de sus teléfonos celulares, la fiscalía resolverá si formula cargos penales en su contra en las próximas horas.
La causa judicial se tramita formalmente bajo el delito de concusión y contó con alertas institucionales previas. La ministra de Educación, Gilda Alcívar, explicó que los indicios sobre esta red fueron detectados preliminarmente al interior de la cartera de Estado, asegurando que el esquema habría funcionado durante años y poseería conexiones activas en varias provincias del territorio nacional.
❓ ¿Cómo funcionaba la venta de cargos en el Ministerio de Educación?
Exigía pagos entre USD 1.500 y USD 5.000 a cambio de nombramientos y plazas de trabajo.
Las indagaciones revelaron que el esquema operaba dentro de dependencias públicas y poseía ramificaciones en provincias.
❓ ¿Quién es el principal trabajador investigado durante el operativo?
Ayala R., funcionario del área de mantenimiento de la entidad.
Organismos de control detectaron que mantenía un patrimonio e ingresos económicos sin justificación cercanos a USD 1 millón.
❓ ¿Qué otros colaboradores fueron retenidos durante las diligencias?
Ochoa N., conductor de la institución, y Félix P., de servicios generales.
Ambos fueron puestos a órdenes judiciales para rendir versión y permitir la pericia técnica a sus teléfonos móviles.
❓ ¿Cuántos inmuebles fueron allanados en la operación MINEDEC?
Tres inmuebles en total: dos viviendas privadas y la sede central del ministerio en Quito.
El despliegue de las fuerzas del orden se ejecutó la tarde del martes 13 de octubre de 2026.
❓ ¿Qué delito penal se imputa a los tres funcionarios investigados?
El delito de concusión.
La causa indaga la solicitud de beneficios económicos indebidos a cambio del otorgamiento irregular de puestos en el sector educativo.
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