Casos de corrupción y crimen organizado afrontan retrasos por cambios en el Consejo de la Judicatura

La Judicatura debe redistribuir 484 causas entre más de 50 jueces penales tras la reestructuración de la unidad.

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Las audiencias de los casos Encuentro, Goleada y La Reina afrontan aplazamientos mientras el Consejo de la Judicatura define la redistribución de 484 procesos por corrupción y crimen organizado.

Una semana después de la resolución que reestructuró la unidad especializada, todavía existen dudas sobre qué jueces asumirán las causas y cómo continuarán las diligencias pendientes.

El Consejo de la Judicatura sostiene que la medida no elimina la capacidad especializada para juzgar estos delitos. Según la institución, la reforma permitirá que más de 50 jueces penales conozcan los procesos que antes estaban concentrados en 19 magistrados.

El juicio del caso Encuentro no se instaló

El tribunal del caso Encuentro decidió no instalar el juicio previsto para el 14 de septiembre contra Leonardo Cortázar, extraditado desde Panamá y acusado de delincuencia organizada.

Además, dejó sin efecto las fechas establecidas para las siguientes diligencias. El proceso permanecerá a la espera de las directrices que emita el Consejo de la Judicatura sobre la competencia y continuidad de la causa.

Una situación similar se presentó en el caso Goleada. La audiencia preparatoria de juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y los demás procesados quedó suspendida después de que el juez José Cornejo se inhibiera de continuar con la diligencia. El magistrado pertenecía a la unidad reestructurada.

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La falta de claridad sobre la competencia judicial también provocó el diferimiento de una audiencia del caso La Reina, relacionado con el presunto delito de lavado de activos.

Consejo de la Judicatura defiende la reestructuración

Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, afirmó que los jueces penales tienen capacidad para asumir estos expedientes. También rechazó que los integrantes de las unidades anticorrupción tuvieran una categoría superior.

“Todos tienen el mismo perfil. Los jueces anticorrupción no son jueces que tengan una mayor categoría”, sostuvo Caicedo.

La Judicatura señaló que la resolución busca ampliar la cobertura frente al déficit de magistrados y la carga procesal.

Bajo el nuevo esquema, las 484 causas que estaban en manos de jueces especializados deberán repartirse entre más de 50 jueces penales habilitados para conocer delitos de corrupción y crimen organizado.

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