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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó una reestructuración del modelo de juzgamiento de los delitos de corrupción y delincuencia organizada el 7 de septiembre de 2026. La decisión contempla la supresión de las dependencias especializadas y la distribución de sus competencias entre otras judicaturas penales.
La medida se adoptó durante la declaratoria de emergencia de la Función Judicial y, según el organismo, se sustenta en informes técnicos, jurídicos y de planificación.
Con el cambio, el número de jueces habilitados para tramitar estas causas pasará de 19 a más de 50 a escala nacional.
Los informes utilizados para adoptar la resolución identificaron un desequilibrio en la carga de trabajo del actual modelo especializado.
De acuerdo con datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje), el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes durante los últimos 12 meses para sus nueve magistrados.
📰 | #BoletínCJ
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) September 8, 2026
El Pleno del Consejo de la Judicatura reestructuró el modelo de juzgamiento especializado en casos de corrupción y crimen organizado, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer la capacidad de respuesta de la Función Judicial.
⚖️ La medida permitirá… pic.twitter.com/Wejb4Sswp4
En contraste, según el Consejo de la Judicatura, algunos despachos penales ordinarios, como los de la Corte Provincial de Pichincha, superaron el 100% de su capacidad operativa.
La reorganización distribuye las diferentes etapas de los procesos entre las siguientes dependencias:
Los jueces que ya conocen las causas con audiencias instaladas o suspendidas continuarán a cargo de esos procesos, pese a la reestructuración.
🎥 | El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la reestructuración del modelo de juzgamiento especializado en casos de corrupción y crimen organizado.
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) September 8, 2026
Las autoridades del CJ explican los alcances de esta medida y cómo contribuirá a fortalecer la capacidad de respuesta de la… pic.twitter.com/6YHgUZaPn8
El Consejo de la Judicatura también informó que el nuevo esquema busca acelerar los procesos de extinción de dominio relacionados con la recuperación de bienes de presunto origen ilícito.
La institución señaló que la reorganización ocurre después de que varios juzgadores del anterior modelo especializado fueran incluidos en investigaciones por supuestos hechos de corrupción y delincuencia organizada.
El Consejo de la Judicatura aprobó una reestructuración que elimina las dependencias especializadas y redistribuye sus competencias entre otras judicaturas penales.
Con el nuevo esquema, el número de jueces habilitados para conocer estas causas pasará de 19 a más de 50 a escala nacional.
Los informes utilizados por el organismo identificaron un desequilibrio en la carga procesal.
Según datos del Satje, el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes en los últimos 12 meses para nueve magistrados, mientras algunos despachos penales ordinarios superaron el 100% de su capacidad operativa.
La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha conocerá recursos y procesos sujetos a fuero, mientras que el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito asumirá la etapa de juzgamiento.
Las unidades judiciales de Mariscal Sucre e Iñaquito atenderán flagrancias, actos urgentes, medidas cautelares y las etapas previas al juicio, según corresponda.
Esas causas continuarán bajo responsabilidad de los jueces que ya fueron asignados.
Por tanto, no serán trasladadas a otros juzgadores debido a la reestructuración aprobada por el Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura señaló que el nuevo modelo también busca acelerar los procesos de extinción de dominio.
Estas causas están relacionadas con la recuperación de bienes de presunto origen ilícito y formarán parte de la reorganización de competencias.