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El Consejo de la Judicatura modificó la estructura encargada de procesar y juzgar los delitos de corrupción y crimen organizado en Ecuador. La decisión abrió una discusión sobre la continuidad de los jueces especializados y el destino de las causas que estaban bajo su conocimiento. El cambio entró en vigencia el 7 de septiembre de 2026, con la aprobación de la Resolución 187-2026.
El documento suprimió tres dependencias judiciales que funcionaban en Quito, pero tenían competencia nacional.
La medida alcanzó a la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada, al Tribunal de Garantías Penales Especializado y a la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Las tres conocían procesos relacionados con corrupción y crimen organizado en diferentes etapas.
La resolución también derogó los actos administrativos con los que el Consejo de la Judicatura creó esas dependencias entre 2021 y 2022.
En diciembre de 2022, el Consejo de la Judicatura designó a los primeros 14 jueces que integrarían las dependencias anticorrupción. Los magistrados superaron un concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social, además de un curso de formación inicial.
Seis fueron designados para la Sala Especializada de la Corte Provincial de Pichincha, seis para el Tribunal de Garantías Penales y dos para la Unidad Judicial encargada de las primeras etapas procesales.
📄| #ComunicadoCJ
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) September 15, 2026
La capacidad operativa para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado se fortalece. Revisa la Resolución 187-2026https://t.co/k0aRJ6Ba8M#JusticiaConIndependenciaCJ ⚖️ pic.twitter.com/6tIOJfjMRT
La estructura quedó habilitada para conocer 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado. Con el paso de los años, el número de magistrados llegó a 19, según la información difundida por la Judicatura.
El modelo concentró en Quito los procesos que cumplían las condiciones legales para ingresar al sistema especializado, incluso cuando los hechos ocurrieron en otras provincias.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, sostuvo que la decisión respondió a la diferencia entre la carga procesal de la estructura anticorrupción y la de los juzgados penales ordinarios.
“La unidad anticorrupción tiene un 18% de carga, es decir, procesos que están en trámite. Mientras que las salas penales han sobrepasado su capacidad al 100%”, afirmó Caicedo en una entrevista con el programa digital A Primera Hora.
La funcionaria señaló que, entre 2023 y 2026, las dependencias anticorrupción recibieron aproximadamente 6 253 causas. De estas, 484 permanecían en trámite y 3 698 correspondían a actos urgentes.
En contraste, indicó que las salas penales ordinarias mantenían 5 342 procesos en trámite.
El Consejo también informó que, durante un período de 12 meses, el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes para nueve magistrados. La entidad comparó esa cifra con la situación de otros despachos penales de Pichincha que habían superado su capacidad operativa.
Ecuador mantiene jueces con competencia para conocer delitos de corrupción y crimen organizado. Sin embargo, ya no existe una estructura integrada por dependencias dedicadas exclusivamente a estas causas.
La Resolución 187-2026 trasladó las competencias a unidades, tribunales y salas penales de Quito. Los magistrados que las integran podrán conocer procesos ordinarios y, además, causas relacionadas con corrupción y estructuras criminales.
“No estamos eliminando, sino que se suprime la unidad y modifica las competencias de otra. Se fusiona la unidad anticorrupción con las unidades penales que tienen competencia con delincuencia organizada”, explicó Caicedo.
La presidenta de la Judicatura también sostuvo: “No estamos eliminando la unidad anticorrupción, la estamos fusionando”.
Siempre estaremos prestos a informar, explicar nuestras decisiones y ser fiscalizados.
— Mercedes Caicedo A (@mechascaicedo) September 9, 2026
La ciudadanía tiene derecho a conocer, preguntar y exigir resultados.
Las instituciones públicas no deben temer a la fiscalización; deben asumirla con transparencia y responsabilidad. https://t.co/hDMeIB5gGf
El organismo afirmó que la reestructuración permitirá pasar de 19 a más de 50 jueces habilitados para conocer estas causas. No obstante, esos magistrados ya no estarán agrupados en dependencias que atiendan únicamente delitos de corrupción y crimen organizado.
La Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en infracciones flagrantes, ubicada en La Mariscal, atenderá las flagrancias, los actos urgentes y las formulaciones de cargos. Después de la audiencia deberá enviar el expediente a la dependencia correspondiente.
La Unidad Judicial de Garantías Penales de Iñaquito conocerá las causas desde sus etapas iniciales hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. También atenderá procesos de extinción de dominio y determinadas solicitudes relacionadas con delitos financieros.
El Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito asumirá la etapa de juicio.
La Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Pichincha resolverá los recursos y los procesos que correspondan por fuero provincial.
Estas dependencias conservarán su competencia territorial habitual para los delitos ordinarios. En los procesos relacionados con corrupción y crimen organizado tendrán jurisdicción nacional.
La resolución establece que los procesos con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes del anuncio de una decisión, resolución o sentencia permanecerán con los mismos jueces que los conocieron en las dependencias suprimidas.
Esos magistrados deberán continuar a cargo de las causas hasta su conclusión.
Para los demás expedientes, la Dirección Nacional de Gestión Procesal deberá analizar los mecanismos de reasignación, la conformación de los tribunales y la actualización de los turnos judiciales.
La Judicatura también ordenó adecuar el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, SATJE, para aplicar las competencias establecidas en la resolución.
Además, la Escuela de la Función Judicial tendrá tres meses para organizar la formación y especialización de los jueces penales que asumirán los procesos de corrupción y crimen organizado. La capacitación deberá abordar delitos contra la administración pública, lavado de activos, normativa internacional y delincuencia organizada.
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