Policías van a prisión por falso operativo en Samborondón en una piladora

10 uniformados recibieron prisión preventiva tras un falso operativo en Samborondón donde exigían dinero a los dueños de una piladora.

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Diez miembros policiales en servicio activo recibieron orden de prisión preventiva tras ser imputados formalmente por el delito de concusión, luego de ejecutar un falso operativo en Samborondón. La resolución la adoptó un Juez de Garantías Penales al calificar la flagrancia por la incursión violenta registrada en una piladora de arroz situada sobre la vía Las Palmas-Samborondón, donde los ocupantes sufrieron intimidaciones y la exigencia ilícita de valores económicos para no privarlos de su libertad.

Amenazas y cobro de dinero en la piladora de arroz

El suceso ocurrió durante la madrugada del 9 de octubre de 2026. Al predio ingresaron más de 10 individuos a bordo de tres automotores, portando indumentaria oscura y distintivos semejantes a los uniformes de dotación policial.

Los recién llegados manifestaron que su arribo obedecía a supuestas denuncias ciudadanas y que tenían como meta incautar armamento y altas sumas monetarias.

En medio del allanamiento ilegítimo, los sospechosos inspeccionaron dormitorios del inmueble y se apoderaron de joyas personales —específicamente una cadena y un anillo de oro— además de 500 dólares en efectivo que pertenecían al padre de la denunciante.

Acto seguido, uno de los implicados, a quien los presentes señalaron con el alias de “el abogado”, forzó a la víctima a abrir una caja de seguridad que contenía cerca de 130 000 dólares.

Bajo advertencias constantes de encarcelar a los presentes, el sujeto exigió la entrega inmediata de efectivo, logrando que el perjudicado le entregara 12 000 dólares para evitar las detenciones arbitrarias durante este falso operativo en Samborondón.

El video forzado y la denuncia al servicio de emergencias

Con el dinero en su poder y antes de marcharse, los individuos coaccionaron a las víctimas a colocarse frente a una cámara para grabar un video. En el registro audiovisual, los afectados debieron declarar que el procedimiento se había desarrollado sin novedades y que no existía faltante de pertenencias.

Una vez que los atacantes abandonaron las instalaciones, la ciudadana afectada se comunicó de forma inmediata con el sistema ECU 9-1-1 para denunciar el hecho.

A partir del reporte, agentes especializados recopilaron los videos aportados por la perjudicada para dar seguimiento a los involucrados en el falso operativo en Samborondón. El cruce de datos con la central del ECU 9-1-1 corroboró que en los registros oficiales no existía ninguna disposición legal ni operativo institucional planificado para esa zona rural.

La identificación de los sospechosos en el Cuartel Modelo

Las indagaciones derivaron en la localización de los presuntos partícipes en la ciudad de Guayaquil. Los agentes investigadores acudieron a los patios del Cuartel Modelo durante la formación matutina en la que el personal policial entregaba su guardia reglamentaria.

En ese instante, la denunciante presenció la fila e identificó de forma directa a varios de los miembros de la fuerza pública, quienes resultaron aprehendidos de inmediato.

Nueve de los procesados integraban la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Zona 5: Geremy Adrián L. V., Guiseppe Valentino R. M., Jorge Snider L. S., Jonathan Alexander P. M., Jandry Manuel E. C., José Ignacio B. V., Anthony Alexander A. P., Edgar Efraín Ch. Ch. y Rommel Bryan G. A.

A ellos se suma un décimo miembro policial en servicio activo, Leandro Gabriel Q. Q., perteneciente a la Unidad de Muertes Violentas y Desapariciones (DINASED) de la Zona 5.

Evidencias levantadas e inicio de la instrucción fiscal

En la audiencia judicial se legalizó el ingreso en cadena de custodia de varios elementos materiales confiscados a los sospechosos vinculados al falso operativo en Samborondón:

  • Dos vehículos y 12 terminales celulares.
  • Prendas de vestir oscuras y armamento de fuego de dotación estatal.
  • Un dispositivo digital de almacenamiento de video (DVR) y nueve vainas percutidas.

Con base en los informes de aprehensión y los testimonios de los captores, el magistrado acogió la acusación por concusión, infracción tipificada en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción va de cinco a siete años de privación de libertad.

El período de instrucción fiscal se extenderá durante 30 días.

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