Alimentación de los presos, viciada de irregularidades 

Un reciente recorrido por el pabellón de mujeres en el centro de rehabilitación social ubicado en Cotopaxi. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El depósito es semanal. Son USD 30 que a Manuel le sirven para alimentarse dentro de la Penitenciaría. Su padre Rigoberto realiza la transferencia para que pueda adquirir un pan, una fruta o una botella de agua. El hombre, originario de Guayaquil, dice que esa ayuda es para compensar los días que su hijo no come.

Desde hace dos años, el joven de 32 años le ha comentado que los alimentos del Estado no llegan a todas las celdas. “La comida no alcanza a todos por la gran cantidad de personas que hay adentro. Mi hijo me cuenta que las raciones no avanzan o son muy escasas. Son raros los días que alcanza a recibir las tres comidas”, dice.

Lo mismo cuenta Libia, madre de otro privado de libertad. Ella también deposita dinero a su hijo en la cuenta de un hombre que les entrega ‘snacks’ o galletas. Añade que el hacinamiento no es la única causa por las que el alimento estatal no llega a todos. “Los jefes de las bandas son los que se encargan de repartir la comida. Primero lo hacen con sus hombres de confianza y luego dan al resto. Hay ocasiones que piden dinero a cambio de las pequeñas porciones de comida”, relata.

Esta realidad ha sido constatada por las delegaciones oficiales que han recorrido las principales cárceles. Uno de sus reportes detalla que en prisiones como la Penitenciaría de Guayaquil y El Turi, Azuay, es casi imposible constatar la alimentación de los detenidos.

En esta última, por ejemplo, se indicó que “la comida se entrega en la puerta de los pabellones y se desconoce bajo qué criterios se reparte”. En Guayaquil, en cambio, a través de entrevistas con guías se conoció que la entrega de alimentos se hace en las puertas a los jefes de cada batallón y ellos la reparten. Por eso, “no se pudo constatar si la comida llega a todos los privados de libertad”.

Estas anomalías hicieron que la Asamblea solicitara a la Contraloría los exámenes especiales relacionados con los procesos de contratación del servicio de alimentos. El ente de control emitió un informe que detalla múltiples irregularidades en dichos contratos.

Un grupo de internos de la cárcel El Turi, en Azuay, recibe capacitación en temas relacionados con DD.HH. Foto: archivo / EL COMERCIO

En las auditorías de Contraloría se identificó que una empresa se ha encargado de la alimentación de los privados de libertad desde el 2017. Ese año, el extinto Ministerio de Justicia contrató los servicios de la firma por USD 26,6 millones. La Contraloría identificó que esa licitación se hizo sin procesos precontractuales y que se firmó otro contrato complementario por 9,3 millones.

Según el informe, el contrato estipulaba desayuno, almuerzo y merienda. Ese año los directores de cada centro manifestaron que el servicio llegaba a todos, excepto a los de máxima seguridad de Guayaquil.

Esas contrataciones estuvieron vigentes hasta enero de 2018. De allí que un mes antes se hicieron las gestiones para lanzar dos procesos de contratación pública. Sin embargo, se declararon desiertos. El primero se cayó por presentar un error en la certificación presupuestaria y el segundo porque se inhabilitaron las ofertas.

Esas fallas obligaron al Estado a suscribir dos convenios de pagos por USD 11 millones y dos contratos por 18,3 millones. Así, el servicio de alimentación de las cárceles se entregó a una sola firma todo el 2018. 

Para el 2019 e inicios del 2020 los procesos de contratación tuvieron problemas por el cambio constante de administradores del contrato. Entre las respuestas de descargo de las autoridades estatales se manifestó que no se pudo suspender el servicio porque la alimentación de los privados de libertad es un derecho amparado por la Constitución.

Sin embargo, organismos de DD.HH. dicen que el Estado debe garantizar comida digna y completa en los centros carcelarios. Para los familiares de los detenidos, como Manuel y Libia, esto no se cumple, pues cuentan que les dan alimentos con pocos nutrientes e incluso les genera enfermedades.

Esto lo sabe Roxana, esposa de un joven de la cárcel de El Turi. “Les dan sopas de fideo, sin proteína. De segundo les dan arroz con lentejas. Nunca les dan ensalada o fruta”.

Desde la Asamblea se ha solicitado más información sobre los menús que otorgan a los detenidos. Parte del censo que se hará en el sistema penitenciario es constatar los servicios que se da en las celdas.

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