12 de August de 2011 00:02

11 policías y un vigilante llamados a juicio por los hechos del 30-S

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Ocho policías resguardaban la entrada al Juzgado Décimo Octavo de lo Penal del Guayas, ubicado en el cantón Durán, la mañana de ayer. En la planta alta del edificio, empezó la audiencia de presentación de dictamen y formulación de cargos contra 14 uniformados presuntamente involucrados en la sublevación del 30 de septiembre.

Los imputados fueron acusados de “sabotaje del servicio público y alzamiento para desconocer el Gobierno legalmente constituido”. Los 13 policías y el vigilante de la ex Comisión de Tránsito del Guayas, supuestamente impidieron el paso de peatones y vehículos por el puente de la Unidad Nacional, que comunica Guayaquil con Durán, el 30-S.

El juez Julio Vásquez dirigió la audiencia. Sentado a un costado de la oficina estaba el fiscal general, Galo Chiriboga. Él escuchaba atento a la fiscal Martina Aguilera, representante de la parte acusadora. El sitio tenía folios de casos arrumados sobre archiveros y el suelo. Los imputados, la mayoría de pie, esperaban la intervención de sus abogados.

La funcionaria presentó videos y fotografías del 30-S durante su exposición. Citando que el material audiovisual resaltaba la presencia de cada uniformado.

Aguilera separó a 11 policías y al vigilante en tres grupos: autores, cómplices y encubridores de la revuelta. Argumentó que los uniformados no utilizaban las insignias, que invitaban a los asistentes a sublevarse bajo la frase “únete pueblo, únete” y que eran parte de la cadena humana que impidió el paso durante seis horas para señalarlos como culpables.

Sin embargo, sostuvo que dos de los policías imputados debían ser absueltos. Estos eran Pedro Quiguiri y Daniel Fernández.

A las 11:30 terminó el alegato acusatorio de la Fiscalía. En ese momento, Chiriboga se levantó y dejó el lugar. A su salida dijo que esperaba “que el Juez tome en cuenta su argumentación”.

A las 17:30 que concluyó la diligencia, el juez aceptó los argumentos de la Fiscalía. Absolvió a Quiguiri y a Fernández, y los otros 12 fueron llamados a juicio plenario por el supuesto delito de atentar contra la seguridad interna del Estado.

Jorge Itúrburu, abogado defensor, dijo que “Él (Chiriboga) ha venido a observar la correcta administración, pero para entenderla debe esperar que hagamos nuestras exposiciones”. La molestia se debió a que el Fiscal se retiró de la audiencia. Además sostuvo que la evidencia de la fiscal “no constituye prueba, ella debió hacer un peritaje de los videos y fotos, para que fueran tomadas en cuenta”.

El defensor sostuvo que la tecnología actual permite adulterar el contenido de fotografías y videos. Explicó que un perito debe revisar que los contenidos no hayan sido adulterados para ser tomados como pruebas.

Mientras tanto, Chiriboga, no descartó reabrir otros procesos relacionados con el 30-S. “Tenemos que ver en qué situación quedaron juzgados los casos. Si fueron sobreseídos definitivamente o declarados inocentes, por una garantía constitucional no se podría volver a investigarlos”.

Aunque concluyó que “hay otros hechos relacionados a los que evidentemente les falta investigación”.

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