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Incertidumbre en planteles por el congelamiento de pensiones

Nataly Logroño, comisaria del circuito La Mariscal (centro), recorrió papelerías ayer. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Nataly Logroño, comisaria del circuito La Mariscal (centro), recorrió papelerías ayer. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

En la colecturía de un plantel de la urbe, ayer, se enteraban de la nueva disposición. Foto: EL COMERCIO

El reglamento que fija parámetros para el cobro de matrículas y pensiones en los planteles particulares y fiscomisionales data de enero del 2017. En esa norma se respaldan los dirigentes de asociaciones de colegios, que aún están sorprendidos por el anuncio de Lenín Moreno, ratificado por la ministra Monserrat Creamer.

“El Presidente se pronunció en favor de la familia ecuatoriana”, recalcó este miércoles 28 de agosto del 2019 la titular de Educación. Y reiteró que se deroga toda autorización para el incremento de pensiones y matrículas en el ciclo 2019-2020, que empezará oficialmente el lunes próximo, en la Sierra y Amazonía. Pidió un consenso entre padres y autoridades de planteles para la devolución de los valores que ya hayan sido cancelados.

En redes sociales y en las calles, los padres han reaccionado favorables a la medida. Mientras, docentes se lamentan pues del incremento de la pensión dependía su mejora salarial para el período, que terminará en julio del 2020.


María José Coloma
, madre de familia de un colegio privado de Quito, comentó que este año les anunciaron un alza de la pensión de USD 183 a 200. Oyó la disposición del presidente Moreno y le parece acertada, ya que -asegura- la economía de las familias no da para invertir mucho más.

Pero Coloma no sabía que, como dispuso la ministra de Educación, Creamer, se mantendrán las pensiones autorizadas en el ciclo anterior y se deberán buscar opciones para reponer lo ya cobrado. Espera que el colegio les informe lo más pronto sobre los mecanismos de devolución del excedente pagado.

Esta madre también dijo estar de acuerdo con otra de las disposiciones del Ejecutivo: que gobernadores e intendentes realicen operativos, para evitar especulación en la venta de útiles escolares.

Una posición diferente es la de las asociaciones que agrupan a planteles educativos del país. Rechazan la decisión tomada por Lenín Moreno y esperan una notificación oficial para estudiar medidas legales.

“Nos preocupa y nos parece lamentable que no se respete el marco jurídico que regula los costos de la educación. Hay una Ley y un reglamento que establecen procedimientos técnicos”, opinó Rómulo López, quien dirige la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (Confedec).

Confedec reúne a 1 150 planteles del país y a unos 100 de Quito. Sus pensiones van desde los USD 20 hasta los 220. En este régimen hay 6 542 instituciones, 1 230 particulares.

Ellos y otros gremios de planteles se reunieron con la ministra Creamer hace unas dos semanas. Y nunca -dice- se les habló de esta decisión.

Hasta ahora -se queja López- solo tenemos una comunicación verbal de la medida. Pero ya se contrató nuevo personal, se ofreció incremento de sueldos a los profesores; en algunos casos ya se compró equipo tecnológico, “por el que pagamos IVA, como todos”.

Aunque en el país siempre ha existido una junta que analiza pedidos de aumento de los costos, en los últimos años se ha buscado transparentar el destino del pago de los padres.

Por ello se estableció un listado con seis componentes del costo de la pensión mensual, que se paga por el servicio educativo. Se trata de gestión educativa, lo administrativo, consejería estudiantil, gastos financieros, provisión para reservas y excedentes.

Nataly Logroño, comisaria del circuito La Mariscal (centro), recorrió papelerías ayer. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

El primer punto es el que sostiene a un colegio pues incluye pago al docente, capacitación, operación y mantenimiento de equipos e infraestructura, entre otros. En Sierra y Amazonía hay pensiones desde USD 4 hasta 2 220.

Cada año lectivo, las instituciones educativas preparan justificativos antes de la solicitud de un aumento de pensiones. Y lo envían a la Junta Distrital Reguladora, que analiza durante tres meses. En julio pasado, los representantes de planteles ya recibieron las autorizaciones de alza. Los incrementos pueden ser de hasta el 10% de la pensión.

“Esto provoca un desbalance en los presupuestos de los colegios, planificados en relación con rubros ya autorizados. Nos enfrentamos al aumento de sueldos de maestros, ya invertimos en capacitaciones, que concluyeron en esta semana; además hay una programación pedagógica y de innovación”.

Lo anota Vinicio Aldaz, representante de la Corporación Ecuatoriana por la Calidad de la Educación (Corpeducar), con 19 centros en la capital, 21 en Guayaquil y dos en Cuenca. Sus rangos de pensiones van entre los USD 350 y 800.

Aldaz pregunta ¿qué les vamos a decir a nuestros profesores, a quienes les exigimos que estudien cuarto nivel? Para él, el proceso de devolución no es el problema, se les puede extender una nota de crédito. Lo difícil es enfrentar así el año.

“Esta disposición del Presidente pone en riesgo la estabilidad de muchas instituciones particulares, más que nada las más pequeñas, con pensiones en el rango de USD 20 a 100”, señaló Karen Mejía, de la Federación de Colegios y Escuelas Particulares Laicos (Fedepal).

Esta federación reúne a 37 establecimientos de la Sierra, 32 de ellos ubicados en la capital; sus pensiones en promedio son de USD 300. Mejía anunció que los tres gremios solicitarán una cita con la Ministra.

Creamer, la mañana de ayer, dijo que comprenden que las unidades educativas particulares se sientan afectadas. “Siguieron los procedimientos establecidos por la Cartera. Pero apelamos a su sensibilidad, debemos sumar esfuerzos por el bienestar del país”.

También anticipó que apoyarán a intendentes. Ayer, en Quito, ya se desarrollaron operativos de control de precios de útiles en papelerías de La Mariscal. Daniela Valarezo, intendenta de Policía de Pichincha, indicó que se harán en todas las provincias, como dispuso la Ministra de Gobierno.

En el recorrido, de ayer 28 de agosto, Valarezo detalló que cuentan con una lista de útiles con precios referenciales, entregada por el Ministerio de Educación. En las papelerías se pidió exhibir los costos en los exteriores de sus locales. “No tenemos la facultad de clausurar”, advirtió.

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