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Quito entrará en 2027 con cambios en el esquema tarifario del transporte público. La reforma aprobada por el Concejo Metropolitano el 8 de septiembre de 2026 vincula el nuevo valor del pasaje con condiciones de calidad y control para los operadores. Dentro de ese modelo también existe una modificación que afecta el cálculo de la tarifa para las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad contaban con una tarifa fija de 10 centavos. Álex Pérez, secretario de Movilidad, explicó a EL COMERCIO que ese monto surgió cuando el pasaje general costaba 25 centavos y permaneció sin cambios pese a posteriores modificaciones de la tarifa.
La nueva reforma a la ordenanza reemplaza esa lógica. Según Pérez, el Municipio aplicará un beneficio equivalente al 50% de la tarifa vigente.
El secretario sostuvo que la decisión responde a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y a la normativa nacional para personas con discapacidad. Según explicó, ese marco legal establece un beneficio del 50% sobre la tarifa vigente.
La tarifa general prevista para 2027 es de 40 centavos. Bajo el cálculo explicado por la Secretaría de Movilidad, el pasaje para una persona con discapacidad quedará en 20 centavos.
El cambio de fondo está en la fórmula: el monto para este grupo dependerá del valor vigente del pasaje y ya no de una cifra fija.
El cambio abrió un frente jurídico. Andrés Campaña (movimiento Imparables), personas con discapacidad y el Cabildo Cívico de Quito presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 127-2026 el 21 de septiembre.
Campaña cuestiona la eliminación del capítulo del Código Municipal que regulaba específicamente la tarifa preferencial para personas con discapacidad. El concejal calcula un incremento del 100% al comparar los 10 centavos anteriores con los 20 centavos previstos.
El edil argumenta que la modificación representa una regresión de derechos. También sostiene que la Constitución reconoce a las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria y les garantiza rebajas en el transporte de pasajeros.
Los accionantes solicitan que la Corte declare inconstitucional la disposición cuestionada y restituya la tarifa anterior. Campaña señaló además que el capítulo eliminado contenía disposiciones sobre infracciones relacionadas con el incumplimiento de la tarifa preferencial.
Pérez sostiene que el beneficio para las personas con discapacidad continúa y que la modificación corresponde a la forma de calcularlo.
El funcionario indicó que el tema pasó por mesas de trabajo durante el proceso de aprobación de la ordenanza y contó con pronunciamientos jurídicos.
Sobre la acción presentada, Pérez evitó anticipar un resultado. Señaló que corresponde a la Corte Constitucional pronunciarse y que el Municipio respeta las competencias de esa institución.
El Concejo Metropolitano aprobó la ordenanza con 14 votos afirmativos. El cobro de 40 centavos y la entrega de compensaciones económicas dependerán del cumplimiento de parámetros verificables por parte de los operadores.
Los transportistas deberán implementar el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y el Sistema de Información al Usuario (SIU) hasta el 31 de diciembre de 2026. La normativa también establece un plazo máximo de ocho meses desde su aprobación para poner en marcha el Sistema Integrado de Recaudo (SIR).
La discusión sobre estos controles tiene antecedentes. En noviembre de 2020, Quito elevó el pasaje de 25 a 35 centavos después de 17 años sin modificaciones. Ese incremento también quedó ligado a compromisos relacionados con calidad, seguridad y accesibilidad.
Entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito ejecutó 1 502 operativos al transporte público y emitió 6 131 citaciones. Las multas dejaron 295 321 dólares recaudados.
La infracción más frecuente fue conducir con las puertas abiertas, con 2 313 sanciones. La AMT también contabilizó 841 citaciones por no utilizar cinturón de seguridad, 832 por recoger o dejar pasajeros en sitios no permitidos y 480 por desobedecer señales de tránsito o disposiciones de agentes.
Otros 338 conductores recibieron sanciones por invadir vías exclusivas de Ecovía y Trolebús, mientras 329 conducían sin portar la licencia.
Quedan el 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre. Además, el viernes 20 de noviembre habrá una suspensión nacional de la jornada laboral.
Contexto: Esta última fecha no corresponde a un feriado nacional habitual, sino a una jornada de descanso dispuesta específicamente para 2026 mediante el Decreto Ejecutivo 507.
La reforma reemplaza la tarifa fija de 10 centavos por un cálculo equivalente al 50% del pasaje vigente.
Contexto: Álex Pérez, secretario de Movilidad, explicó que los 10 centavos se establecieron cuando la tarifa general era de 25 centavos y permanecieron sin cambios pese a posteriores modificaciones.
La Secretaría de Movilidad sostiene que el beneficio continúa y que lo que cambia es su forma de cálculo.
Contexto: Pérez señaló que la decisión responde a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y a la normativa nacional para personas con discapacidad.
Los accionantes cuestionan la eliminación del capítulo del Código Municipal que regulaba específicamente la tarifa preferencial para personas con discapacidad.
Contexto: Andrés Campaña, personas con discapacidad y el Cabildo Cívico de Quito presentaron la acción el 21 de septiembre contra la Ordenanza 127-2026.
Campaña sostiene que pasar de 10 a 20 centavos representa un incremento del 100% y una regresión de derechos.
Contexto: También argumenta que la Constitución reconoce a las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria y garantiza rebajas en el transporte de pasajeros.
Solicitan que declare inconstitucional la disposición cuestionada y restituya la tarifa anterior.
Contexto: Campaña también señaló que el capítulo eliminado incluía disposiciones sobre infracciones por incumplir la tarifa preferencial.
Su cobro estará condicionado al cumplimiento de parámetros verificables por parte de los operadores.
Contexto: Los transportistas deberán implementar el SAE y el SIU hasta el 31 de diciembre de 2026. La normativa también fija un plazo máximo de ocho meses para poner en marcha el SIR.
La AMT emitió 6 131 citaciones entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2026.
Contexto: En ese período ejecutó 1 502 operativos al transporte público y recaudó 295 321 dólares por multas.
Conducir con las puertas abiertas, con 2 313 sanciones.
Contexto: La AMT también registró 841 citaciones por no utilizar cinturón de seguridad, 832 por recoger o dejar pasajeros en lugares no permitidos y 480 por desobedecer señales o disposiciones de agentes.
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