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El transporte público convencional de Quito atraviesa una etapa de cambios antes de que la tarifa general pueda subir a 40 centavos en 2027. El incremento no es automático y depende del cumplimiento de mejoras.
Las 65 operadoras de transporte público deberán remitir a la Secretaría de Movilidad, hasta este 8 de octubre, la documentación técnica correspondiente a los equipos del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y del Sistema de Información al Usuario (SIU) que implementarán en sus unidades.
La Secretaría detalló que la entrega incluye manuales de los equipos técnicos, matrices con sus características y acuerdos de destinatarios relacionados con la protección y el tratamiento de datos.
Jorge Yánez, representante de los transportistas, explicó que esta etapa también permitirá establecer el estado técnico de la flota y determinar qué tecnología tiene cada bus y cuál falta.
Entre los equipos que mencionó constan sensores de puertas, cámaras contadoras y cámaras de videovigilancia. La arquitectura tecnológica definida para el SAE permitirá determinar qué necesita incorporar cada operadora.
El plazo de octubre corresponde al segundo paso de un cronograma que empezó el mes anterior. Según la Secretaría de Movilidad, las 65 operadoras remitieron hasta el 29 de septiembre los acuerdos de confidencialidad y el contrato técnico correspondiente.
Yánez explicó que el cronograma contempla cuatro etapas mensuales entre septiembre y diciembre. La primera incluyó el levantamiento de información, procedimientos, la formalización de contratos con proveedores tecnológicos y los acuerdos necesarios para el intercambio de información.
Con esa primera entrega completa, las operadoras pasaron a la fase prevista para octubre.
El cronograma continuará en noviembre con una nueva etapa. Yánez señaló que para ese mes un porcentaje de la flota deberá contar con los equipos instalados.
Las operadoras también deberán iniciar los protocolos para transmitir información hacia el centro de cómputo de la Secretaría de Movilidad.
Esta fase permitirá realizar las primeras pruebas antes de extender el proceso al resto de unidades. Según Yánez, una vez que los protocolos reciban la aprobación correspondiente, las operadoras podrán avanzar con la instalación en toda la flota.
La última etapa de 2026 apunta a completar la implementación tecnológica. El proceso contempla la conexión de las unidades y las pruebas necesarias para alcanzar la integración e interoperabilidad de los sistemas.
También consta una fase de marcha blanca antes de cerrar el cronograma.
La ordenanza establece el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para implementar el SAE y el SIU. A partir de ese momento, ambos sistemas deberán permanecer operativos e interoperables con las plataformas tecnológicas metropolitanas.
De esta forma, el proceso pasa por cuatro momentos: la documentación contractual de septiembre, la información técnica de octubre, la instalación y conexión prevista para noviembre y la etapa final de implementación en diciembre.
El cronograma no termina con el SAE y el SIU. El Sistema Integrado de Recaudo (SIR) tiene un plazo máximo de ocho meses desde la sanción de la ordenanza, por lo que sigue un calendario diferente.
Yánez explicó que esta etapa permitirá incorporar validadores para el pago electrónico. El esquema contempla alternativas como la Tarjeta Ciudad, la Tarjeta Universal y medios de pago del sistema financiero.
Así, las obligaciones tecnológicas continuarán después de diciembre. El cumplimiento de cada etapa forma parte del proceso que deben seguir las operadoras dentro del nuevo modelo de transporte público previsto para Quito.
Las 65 operadoras deben entregar a la Secretaría de Movilidad la documentación técnica de los equipos del SAE y del SIU.
Contexto: La entrega incluye manuales técnicos, matrices con las características de los equipos y acuerdos relacionados con la protección y el tratamiento de datos.
Permitirá establecer el estado técnico de la flota y conocer qué tecnología tiene cada bus y cuál necesita incorporar.
Contexto: Jorge Yánez mencionó equipos como sensores de puertas, cámaras contadoras y cámaras de videovigilancia.
Las operadoras completaron la primera etapa del cronograma hasta el 29 de septiembre.
Contexto: Entregaron los acuerdos de confidencialidad y el contrato técnico correspondiente. Esa fase también contempló levantamiento de información, procedimientos y formalización de contratos con proveedores tecnológicos.
Un porcentaje de la flota deberá contar con los equipos instalados y empezar los protocolos para transmitir información.
Contexto: Los datos deberán llegar al centro de cómputo de la Secretaría de Movilidad. Esta etapa permitirá ejecutar las primeras pruebas antes de extender la instalación al resto de unidades.
Deberán completar la implementación, conexión y pruebas del SAE y SIU.
Contexto: El proceso también contempla la integración e interoperabilidad de los sistemas y una fase de marcha blanca.
La fecha límite es el 31 de diciembre de 2026.
Contexto: Desde entonces, ambos sistemas deberán permanecer operativos e interoperables con las plataformas tecnológicas metropolitanas.
El Sistema Integrado de Recaudo tiene un plazo diferente, de hasta ocho meses desde la sanción de la ordenanza.
Contexto: Este sistema contempla validadores para pagos mediante alternativas como la Tarjeta Ciudad, la Tarjeta Universal y medios del sistema financiero.
El proceso comprende documentación en septiembre, información técnica en octubre, instalación y conexión en noviembre e implementación final en diciembre.
Contexto: Las obligaciones corresponden al SAE y al SIU y forman parte del nuevo modelo de transporte público previsto para Quito.
No. El incremento de la tarifa general depende del cumplimiento de mejoras.
Contexto: Las obligaciones tecnológicas que deben completar las operadoras forman parte del proceso previo al posible cambio de tarifa en 2027.
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