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El aumento del pasaje de los buses de Quito, de 35 a 40 centavos desde enero de 2027, quedó condicionado al cumplimiento de requisitos de calidad, gestión y tecnología. El alcalde Pabel Muñoz sostiene que quien no cumpla no podrá acceder al nuevo valor ni a las compensaciones económicas previstas por el Municipio de Quito.
La condición parece clara sobre el papel, pero deja una pregunta antes de que entre en vigencia la nueva tarifa: ¿qué ocurrirá si los cambios prometidos en el transporte no llegan dentro de los plazos? El antecedente de obligaciones pendientes desde 2020 y las diferentes fechas para implementar los sistemas tecnológicos ponen el foco sobre la capacidad de fiscalización municipal.
La postura de Pabel Muñoz es que el incremento no será automático. “Los transportistas no recibirán un solo centavo si no hacen los cambios que planteamos”, aseguró el Alcalde después de la aprobación de la ordenanza. Además, señaló que deberán demostrar el cumplimiento de sus compromisos.
La norma establece que el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que permitirá seguir las unidades en tiempo real, y el Sistema de Información al Usuario (SIU) deberán estar implementados hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el Sistema Integrado de Recaudo (SIR) tiene un plazo máximo de ocho meses desde la aprobación de la ordenanza.
Esto significa que no toda la transformación tecnológica estará necesariamente terminada cuando esté previsto el incremento. La aplicación dependerá de cuáles obligaciones sean exigibles en cada momento y de la verificación que realice el Municipio.
Para Brith Vaca, defensora de la sociedad civil y concejala y vicealcaldesa durante el período 2019-2023, ese es precisamente uno de los puntos débiles. Recuerda que el incremento de 10 centavos aprobado en 2020 también estuvo acompañado de compromisos relacionados con indicadores de calidad, cuyos plazos posteriormente fueron extendidos durante la pandemia.
Vaca cuestiona que ahora pueda garantizarse el cumplimiento cuando, según sostiene, no se consolidó durante los últimos años un esquema efectivo de indicadores. También advierte que la nueva ordenanza ya no mantiene las mismas exigencias relacionadas con certificaciones internacionales que contemplaba la normativa anterior.
Analía Ledesma, concejala de Quito por Izquierda Democrática, comparte las dudas sobre los tiempos. “Dicen que en tres meses van a cumplir lo que no se ha cumplido en seis años”, señaló. Para la edil, la ciudad continúa esperando varios de los parámetros de calidad establecidos desde 2020.
Como detalló EL COMERCIO el 8 de septiembre de 2026, la nueva normativa condiciona tanto la modificación de la tarifa como las compensaciones al cumplimiento de estándares de gestión, calidad y tecnología. Los transportistas también deberán demostrar que sus unidades operaron, cumplir hitos de gestión y estar al día con sus obligaciones municipales.
La ordenanza establece un mecanismo para hacerlo: si una operadora no cumple los requisitos exigibles, no debería acceder a la nueva tarifa. Por eso, más que subir primero el pasaje y después reducirlo, el control municipal deberá determinar qué operadores están habilitados para cobrar los 40 centavos desde enero.
Otra situación sería revertir posteriormente la decisión aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito. Alfredo Espinosa, analista de políticas públicas, considera que ese escenario dependería de la correlación de fuerzas políticas dentro del organismo.
Espinosa señala que el escenario podría cambiar conforme avance el calendario electoral y algunos concejales soliciten licencia para participar en la campaña o aspiren a otras dignidades. Para el analista, cualquier discusión futura sobre una marcha atrás estaría atravesada por esa eventual reconfiguración del Concejo.
También considera que el problema de fondo está en la capacidad municipal para controlar el servicio. Cita al Corredor Central Norte, donde identifica problemas de infraestructura, accesibilidad, seguridad y operación, como ejemplo de las deficiencias que todavía experimentan diariamente los usuarios.
Para quien utiliza el transporte todos los días, el debate no termina en cinco centavos. Dos viajes diarios durante 22 días laborables significarían 2,20 dólares adicionales al mes por persona. En hogares donde varios integrantes utilizan buses o necesitan más de una unidad para llegar al trabajo o estudiar, el gasto aumenta.
Ledesma cuestiona además que la compensación cercana a 23 millones de dólares para los transportistas pueda considerarse un proyecto de inversión y advierte sobre otro efecto de la ordenanza: las tarifas diferenciadas para personas con discapacidad. La concejala sostiene que el cambio podría significar que determinados usuarios paguen más y considera que existe una discusión jurídica sobre una posible regresión de derechos. La modificación de esta tarifa preferencial también generó posiciones contrapuestas durante el debate municipal.
Así, la primera prueba llegará antes de enero de 2027. El Municipio de Quito deberá verificar qué operadores cumplieron las condiciones que ya sean exigibles y cuáles quedaron pendientes. La posición de Pabel Muñoz es que sin cumplimiento no habrá incremento; las voces críticas recuerdan que Quito ya tuvo compromisos de calidad que no llegaron a materializarse como se esperaba.
La discusión sobre dar marcha atrás tendrá, por tanto, dos caminos distintos: uno administrativo, para impedir que una operadora incumplida cobre la nueva tarifa, y otro político y normativo si lo que se busca es modificar la decisión adoptada por el Concejo Metropolitano.
No. Según la ordenanza, las operadoras deberán cumplir requisitos de gestión, calidad y tecnología para acceder a la nueva tarifa.
El Municipio sostiene que quienes no acrediten el cumplimiento de las condiciones establecidas tampoco podrán acceder a las compensaciones previstas para el sector.
Entre las obligaciones están implementar el SAE, el SIU y el Sistema Integrado de Recaudo (SIR).
El Sistema de Ayuda a la Explotación y el Sistema de Información al Usuario tienen como plazo el 31 de diciembre de 2026. El SIR dispone de hasta ocho meses desde la aprobación de la ordenanza, por lo que su implementación puede extenderse más allá de enero de 2027.
El incumplimiento puede impedir que esa operadora acceda a la tarifa de 40 centavos y a la compensación.
Según el esquema aprobado, no se trataría de subir primero el pasaje y reducirlo después por incumplimiento, sino de verificar previamente qué operadores reúnen las condiciones para aplicar el nuevo valor.
El incumplimiento puede impedir que esa operadora acceda a la tarifa de 40 centavos y a la compensación.
Según el esquema aprobado, no se trataría de subir primero el pasaje y reducirlo después por incumplimiento, sino de verificar previamente qué operadores reúnen las condiciones para aplicar el nuevo valor.
Sí podría modificarse posteriormente el esquema, pero requeriría una nueva decisión política y normativa.
El analista Alfredo Espinosa diferencia entre impedir que una operadora incumplida cobre la nueva tarifa y revertir la decisión general. Este segundo escenario dependería de una nueva actuación del Concejo Metropolitano y de la correlación política existente en ese momento.
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