La pugna por el control de la Asamblea no terminará con el proceso para la destitución de la presidenta, Guadalupe Llori (PK). Las dos vicepresidencias que tiene esta Función también entraron en juego con acciones del oficialismo y el correísmo.
Al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) llegaron dos denuncias. Una en contra del primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.), y otra en contra de Yeseña Guamaní (ID), quien ocupa la segunda vicepresidencia. En ambos casos se los acusa de incumplimiento de funciones.
El organismo tiene previsto sesionar este jueves 26 de mayo, a las 16:15, para conocer las acusaciones, en el último día de plazo que tiene para una decisión. Un día antes la presidenta Llori canceló la convocatoria a última hora, sin explicaciones.
Además de la presidenta y las dos vicepresidencias, este organismo está compuesto por cuatro vocales: Darwin Pereira, de los autodenominados rebeldes de Pachakutik, Nathalie Arias (Creo), Ronny Aleaga (Unes), y Johanna Moreira, expulsada del bloque de la Izquierda Democrática (ID).
Acusaciones
La denuncia contra el vicepresidente fue presentada por el oficialista Eithel Zambrano el 18 de mayo. El legislador pidió que Saquicela -quien fue expulsado de la bancada- sea destituido por no haber acudido a las últimas sesiones del CAL. Si Llori es destituida, Saquicela deberá asumir la Presidencia.
Sin embargo, para la oposición legislativa, que controla la mayoría, la atención se concentra en la denuncia que presentó Jahaira Urresta (Unes) contra Guamaní, en esa misma fecha, por haber planteado una consulta a la Corte Constitucional sobre si la Asamblea puede derogar la reforma tributaria.
“Como asambleístas tenemos esa facultad y ese derecho de mocionar, esa moción fue aprobada en el CAL”, dijo Guamaní. A diferencia de los demás, y junto a la oficialista Nathalie Arias (Creo), ella está en contra del proceso de destitución de Llori.
Para la segunda vicepresidenta, la denuncia en su contra responde a una persecución política del lado de la mayoría de oposición, compuesta por el correísmo, el PSC y los asambleístas disidentes de Pachakutik y la Izquierda Democrática.
“Han intentado callarme bajo infamias, amenazas y solamente por no adherirnos a una nueva mayoría que busca los espacios de la Asamblea. Ahora han venido por mí”, expresó Guamaní. Incluso denunció amenazas a su familia y dijo que requerirá protección de la Fiscalía.
La legisladora divulgó un audio de Alejandro Jaramillo, quien fue expulsado de la bancada de la Izquierda Democrática, sobre espacios de poder en la Legislatura.
“Es un audio mutilado (…). Lo único que he dicho es que la Izquierda Democrática no puede perder el protagonismo. Si ella lo desea, que vaya y presente las denuncias correspondientes”, respondió Jaramillo.
Oficialismo cuestiona informe
Mientras tanto, el jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, cuestionó que en el informe presentado por la comisión pluripartidista ad hoc para la destitución de Llori se incluyera un plazo de tres días para que la Presidenta convoque al Pleno para su tratamiento, cuando la Ley legislativa estipula hasta cinco días.
“El Pleno de la Asamblea no le dio amplios poderes a la comisión para que pueda establecer aquello. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en el accionar. Ver cuál fue la intención con la que la proponente de este tema lo presentó para que se incluya en el informe”, dijo.
Sin embargo, el presidente de la comisión, Pedro Zapata, adujo que ese plazo lo estableció el Pleno cuando aprobó la resolución para investigar a Llori, en abril pasado.