El informe que presentó la comisión pluripartidista ad hoc para recomendar al Pleno la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea se sustenta en dos causales. La investigación la encontró culpable de incumplimiento de funciones.
Una de las pruebas es por no haber dado paso a la apelación a la Presidencia de la Asamblea en la sesión 766 del Pleno del 24 de febrero pasado, que fue suspendida en medio de gritos y apagones. Y, en segundo lugar, por no haber reinstalado esa misma sesión en los 30 días que estipula la Ley Legislativa.
“Los actos verificados por esta Comisión (…), dan cuenta de sus incumplimientos en cuanto a sus funciones como primera autoridad de la Asamblea, conductas que atentan contra la institucionalidad, la imagen y el normal desarrollo de la Asamblea, siendo políticamente responsable de incumplir con sus funciones”, dice el texto en su parte fundamental.
La denuncia fue presentada por Esteban Torres, jefe del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), quien junto al correísmo y los asambleístas disidentes de la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik buscan la salida de Llori.
¿Son motivos de peso como para destituir a la Presidenta de la Asamblea? Sí, respondió el presidente de la comisión ad hoc, el socialcristiano Pedro Zapata, tras señalar que se trata de infracciones a los artículos 129 y 140 de la Ley Legislativa.
“La Ley establece este procedimiento cuando las autoridades de la Asamblea, por denuncia, inobservan los artículos de nuestra Ley. Si son hechos más graves tienen otras instancias como la Fiscalía o directamente al Comité de Ética, que es el que sustancia el proceso cuando el asambleísta podría ser destituido como tal dependiendo de las infracciones”, dijo.
Además de este proceso, la bancada correísta presentó denuncias por supuesto tráfico de influencias y cobros indebidos en contra de Llori, dos de las prohibiciones que tienen los asambleístas y que se sancionan con la pérdida de su curul. Estas aún no son calificadas a trámite por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
Paso siguiente
En lo que concierne a la comisión ad hoc, Zapata explicó que su funcionamiento se extingue con la entrega del informe sobre la denuncia de Torres. El documento fue enviado el miércoles a la Presidencia de la Asamblea y desde entonces tiene 5 días de plazo para convocar al Pleno para tratar este tema.
Si Llori no realiza la convocatoria, la oposición legislativa evaluará acciones como la autoconvocatoria del Pleno. “Podríamos llegar a esas acciones, si es que no hubiera la actitud patriótica y de cumplimiento de la ley de la presidenta Llori”, señaló Zapata.
El legislador agregó que el documento no tiene el carácter de vinculante para el Pleno, donde se requieren al menos 70 votos para la resolución.
Si bien el expediente fue aprobado por unanimidad en la Comisión (controlada por la oposición), Zapata señaló que ahora todo depende de los 137 legisladores. “Recuerde que no hay mayoría consolidada en la Asamblea, las mayorías son móviles y así se ha evidenciado en algunas votaciones que se han dado”.
El legislador tacho de impertinente el respaldo del presidente Guillermo Lasso a Llori, a la que definió como una “mujer guerrera” en el Informe a la Nación. “Si lo ha dicho, tendrá sus razones para hacerlo, pero él no define los votos al interior de otra Función del Estado”.
Además del oficialismo, solo la bancada de la Izquierda Democrática (ID) ha cuestionado la validez de este proceso. Pachakutik dijo que respetará la decisión del Pleno.
Si Llori es destituida, al primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (ind.), le corresponderá asumir la Presidencia y el Pleno deberá reemplazarlo.
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