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El trámite de las amnistías es prioridad para la Asamblea

Dirigentes indígenas enfrentan procesos judiciales por el secuestro de policías en las protestas de octubre de 2019. Foto: archivo / EL COMERCIO

Dirigentes indígenas y gremiales, políticos y civiles que enfrentan procesos judiciales por las violentas protestas de octubre de 2019 buscan beneficiarse de amnistías e indultos. Los primeros informes en la Asamblea estarán listos hasta el 11 de febrero del 2022.

El análisis de los pedidos está a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales, que es controlada por asambleístas de Pachakutik y el correísmo, y que en total suman 292 desde septiembre pasado.

Como primer paso, el miércoles anterior, la mesa avocó conocimiento de las 17 resoluciones con las que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó a trámite estos pedidos. Desde entonces tiene un plazo de 30 días para preparar un expediente para resolución del Pleno.

Entre quienes pretenden beneficiarse están el presidente de la Conaie, Leonidas Iza; la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el parlamentario andino, Virgilio Hernández, y el exasambleísta Yofre Poma, procesados por delitos como rebelión.

El propio Iza, quien enfrenta cargos por terrorismo y sabotaje, presentó una solicitud para que la Asamblea conceda amnistías a 27 personas que enfrentan cargos por sabotaje, paralización de servicio público y destrucción de registros, en relación con la quema de la sede de la Contraloría.

“El ingreso a la Contraloría se da en una búsqueda desesperada de resguardo, en los videos se observa usar el mobiliario como escudo y es ahí cuando la fuerza pública ingresa al edificio y se detiene a los hoy 27 procesados que encontraban dentro del edificio”, argumentó en su pedido.

A su juicio, esto más bien se configura en delitos políticos. “Los casos de las investigaciones y procedimientos penales seguidos en contra de Jaime Vargas y Leonidas Iza o la persecución de la lideresa Carmen Tiupul en el Chimborazo, son actos que claramente buscan un amedrentamiento de líderes indígenas, para acallar las victorias obtenidas en octubre del 2019”, sostiene.

Entre las solicitudes también consta una a favor del presidente de la Federación de Taxistas, Jorge Calderón, quien está en libertad condicional y calificó de “injusto” al proceso que enfrenta por paralización de servicios públicos.

Los pedidos incluyen a defensores de la naturaleza, líderes comunitarios procesados por la aplicación de la justicia indígena, entre otros. El primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Ind.), precisó que los casos serán analizados ‘uno por uno’.

“El gran número de las amnistías planteadas son por los hechos de octubre del 2019. Cada una, por más que sean similares, deben tener su tratamiento individual porque habrá que revisar los hechos”, explicó el legislador.

Rosa Carlosama, asambleísta de Pachakutik e integrante de la Comisión, llamó a que se aprueben estas solicitudes. “Hay compañeros que siguen luchando y por eso están acusados. Yo también he sido parte de este proceso y no se puede tener una vida tranquila, está en nuestras manos apoyar a estos compañeros”, expresó.

La Comisión de Garantías Constitucionales decidió solicitar a la Fiscalía General del Estado la información respecto a la situación de las personas que han presentado las solicitudes.

El cronograma de trabajo incluye una serie de comparecencias de especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y otros actores, para que presenten sus criterios, además de los solicitantes. Eso arrancó el viernes 14 de enero.

Las comisiones generales se realizarán hasta el 26 de enero y desde esa fecha hasta el 1 de febrero se procesará toda la información para preparar los informes.

Saquicela calcula que los pedidos podrían superar los 400 porque todavía faltan otros pendientes de ser calificados por el CAL.

La semana pasada este organismo resolvió enviar 20 a revisión de documentos de la unidad especializada, dos fueron negadas por incumplir los requisitos y una se deberá completar, indicó. El asambleísta, quien también integra la Comisión, manifestó que se trata de un tema prioritario. “En la Comisión máximo hasta el primer trimestre, hasta marzo, tendremos que haber tratado todo lo que está pendiente en el año anterior”.

La Constitución dicta como una de las atribuciones de la Asamblea conceder amnistías, para ello se requiere de una mayoría absoluta en el Pleno. Pero esto no cabe en delitos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio, por razones políticas o de conciencia”, según el art. 120 de la norma.