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Siete reformas a la Contraloría, pendientes

Francisco Jiménez, Asambleísta de Creo y proponente; Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia; Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional; Lourdes Cuesta, exintegrante de la Comisión de Justicia. Fotos: archivo / EL COMERCIO

Siete propuestas de reformas a la Contraloría, entre ellas una para convertir a este organismo en un Tribunal de Cuentas, acumula la Asamblea Nacional durante el último lustro.

El periodo coincide con la crisis  que atraviesa esta institución desde que su titular, Carlos Pólit, renunció en 2017 en medio de una investigación por corrupción y dejó a cargo a Pablo Celi, quien está encarcelado desde hace tres meses por supuesta delincuencia organizada.

A pesar de que en la agenda parlamentaria 2021-2022 no constan como prioridades posibles reformas a la Contraloría, la coyuntura obligó a las bancadas a actuar sobre la marcha. El trámite de un proyecto de ley toma como mínimo 60 días.

Las propuestas más recientes fueron presentadas poco después de que Celi renunciara el 5 de julio pasado. Son de Francisco Jiménez, de Creo; y Ángel Maita, de Pachakutik.

Los proyectos apuntan a modificar el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría para abrir la puerta a que se designe a una autoridad encargada hasta que el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) termine el concurso para elegir al nuevo titular.

En las bancadas se mantienen las dudas sobre la legitimidad de Carlos Riofrío, quien en una comparecencia reconoció que fue designado como  subcontralor con el “puño y letra” de Celi, el 25 de junio pasado.

El funcionario evitó polemizar si esta decisión  -tomada desde la cárcel- fue ética, mas dijo que se apega a la ley.  Valentina Zárate le antecedió.

El proyecto de Maita tiene un artículo. “En caso de ausencia definitiva, temporal, de imposibilidad de ejercer el cargo, o vacancia del Contralor General del Estado y cuando el Subcontralor no pueda ejercer la subrogación o encargo correspondiente (…), el órgano nominador del Contralor deberá designar el encargo correspondiente hasta la posesión de su titular previo concurso”,  señala.

La de Jiménez tiene dos artículos e incluye seis causales para el cese de funciones del Contralor General de la Nación: por destitución vía juicio político, ausencia definitiva o abandono del cargo, y por incurrir en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Ley. La propuesta también delimita los plazos para determinar la ausencia de esta autoridad.

Se considerará ausencia temporal -dice el proyecto- cualquier circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer sus funciones durante un periodo máximo de tres meses, o por el tiempo de licencia sin remuneración autorizada por la Asamblea, que no superará los 60 días. Luego de vencidos estos plazos la ausencia se considerará definitiva.

En ese escenario, el Cpccs deberá designar al siguiente mejor puntuado del concurso del que se eligió al Contralor, para que ejerza el cargo por el tiempo que resta. Celi debía concluir su gestión en marzo de 2022, por decisión del Consejo transitorio.

Las propuestas de Jiménez y de Maita deberán ser calificadas por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), en donde hay otros dos proyectos presentados por las exasambleístas Lourdes Cuesta y Patricia Henríquez, que aguardan por una decisión desde hace dos años.

Cuesta propuso una reforma a la Ley de la Contraloría sobre los plazos que tiene el organismo para las auditorías, y Henríquez para que las empresas contratistas del Estado entreguen  al organismo un plan de trabajo, presupuesto y cronograma de ejecución.

Estos proyectos rezagados se suman a dos que reposan en la Comisión de Justicia, de  iniciativa legislativa. En el anterior periodo, en esa mesa no hubo los votos, ni siquiera para que la propuesta del Tribunal de Cuentas, que impulsaba Celi cuando encabezaba la Función de Transparencia, vaya a primer debate al Pleno.

¿Puede retomarse este proyecto? No, dice la directora de Estudios Legislativos, Libia Rivas. “Para que un proyecto de ley pueda pasar al Pleno tiene que haber sido con la mayoría absoluta de la comisión, ya sea para archivarlo o aprobarlo. Si no ha habido votos para nada, no hay ninguna resolución, entonces queda prácticamente como en el limbo”, explica.

La Comisión no tiene entre sus prioridades retomar este proyecto, según indicó su presidente Alejandro Jaramillo (ID),  al señalar que cualquier cambio que se haga servirá para el futuro y no para la crisis actual. 

La expresidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, agrega que, para insistir en esta propuesta, se requiere de una reforma constitucional. “Si convocan a consulta, el Presidente deberá analizar la pertinencia”.

Cuesta, sin embargo, cree que el problema de fondo es que el Contralor General del Estado “no debería ser nombrado por un organismo cuestionado como el Cpccs”.

“El último concurso que hubo para Contralor le dio el máximo puntaje a Carlos Pólit. Después de él no ha vuelto a existir un concurso de oposición y méritos”.

Considera que la atribución de designar a autoridades de control debería regresar a la Asamblea, con base en ternas,  al tratarse de una instancia de mayor representación. “Todo lo que ha sucedido en Contraloría, más allá de reformas legales, pasa por un tema de honestidad, de valores. Se pueden reformar todas las leyes necesarias, pero si usted tiene un corrupto al frente de una institución va a seguir existiendo corrupción”.