El debate sobre la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) volvió a la palestra, a las puertas de que se inicie el concurso para designar al Contralor General del Estado.
El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, se reunió el lunes 12 de julio del 2021 en Carondelet con el primer Mandatario, Guillermo Lasso.
El legislador aseguró que el Gobierno convocará a una consulta popular en la que se incluirían algunos temas.
Entre ellos, la minería metálica en zonas de recarga hídrica, disminuir el número de asambleístas con la transformación a un parlamento bicameral y eliminar el Cpccs. Sin embargo, desde la Presidencia no se ahondó en la información anunciada.
La discusión sobre el futuro del Cpccs no es nueva. El propio Lasso, al asumir funciones, ya dijo que a su criterio ese organismo no debería existir.
En la anterior Legislatura, el denominado Comité por la Institucionalización Democrática, encabezado por Pablo Dávila, ya presentó una iniciativa para transformar la Asamblea en bicameral y eliminar el Consejo, pero no contó con el respaldo de los legisladores.
La consejera del Cpccs, Ibeth Estupiñán, dice que los derechos de participación están contemplados en la Constitución. A su criterio, una consulta popular no sería el mecanismo para poder eliminar al Consejo de Participación.
“De conformidad al pronunciamiento de algunos juristas, la vía para eliminar el Cpccs es mediante una asamblea constituyente”, apuntó ayer.
Aunque menciona que, si el interés es devolver a la Asamblea la facultad de designar autoridades de control, la vía sería a través de una reforma parcial a la Constitución.
El constitucionalista Andrés Benavides calificó de “venta de humo” al anuncio de Fernando Villavicencio.
Argumenta que la Corte Constitucional (CC), cuando el Comité por la Institucionalización Democrática presentó su proyecto, dictaminó que la vía jurídica para eliminar el Cpccs sería con una reforma parcial de la Constitución.
“Esa decisión, a través de consulta popular, es inviable”.
Desde la bancada del movimiento Creo se indicó que el presidente Lasso siempre ha sostenido la necesidad de consultar a la ciudadanía sobre la eliminación del Cpccs.
“Las demás preguntas de una virtual consulta popular deberán ser construidas en consenso con todos los actores políticos involucrados, y ser calificadas por la CC”, señaló el movimiento oficialista.
Las autoridades del Cpccs también está en la mira de la Asamblea, con dos investigaciones abiertas que podrían dar lugar a un juicio político.
El primero, en la Comisión de Justicia, por la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, quien ya fue reincorporado a su cargo.
El segundo, en la Comisión de Participación Ciudadana, que exhortó al Cpccs consultar a la Corte Constitucional sobre la ley interpretativa al artículo 33 de la Ley de la Contraloría General del Estado, relacionado a la posibilidad de nombrar un contralor subrogante, mientras avanza el concurso de méritos y oposición para designar al definitivo.
El lunes 12 de julio, la Función de Transparencia y Control Social, integrada por las superintendencias, la Contraloría y el Cpccs, informó que interpondría una acción de interpretación en la CC sobre la posibilidad de nombrar un contralor encargado, pero una vez que la pregunta sea aprobada en una sesión del Cpccs “como organismo colegiado”.
Ayer, 14 de julio, la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, compareció ante la mesa legislativa de Justicia.
Ahí, Almeida reveló que fue funcionaria de carrera de la Contraloría, desde el 2007. Dijo que esa entidad no ha iniciado exámenes en el Cpccs.
Almeida informó sobre el concurso para designar al contralor para los próximos cinco años. Aseguró que entre hoy y mañana se aprobaría el reglamento, pero en el Pleno del Cpccs hubo cruces, ya que la comisión que debía sistematizar los aportes ciudadanos a la norma no cumplió el plazo.
Reiteró que la designación tardaría entre seis y ocho meses. Eso, a criterio de Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, “es preocupante”.
Ante la consulta de si el país tiene Contralor, Almeida dijo que su criterio es que no, pero que no le corresponde pronunciarse sobre la designación de Carlos Riofrío como subcontralor, basado en reglamentos de Contraloría. “No me puedo pronunciar en algo que no me corresponde”, dijo.
Concurso
La primera fase es la conformación de una comisión integrada por cinco delegados de las Funciones del Estado y cinco ciudadanos, mediante un concurso.
Esa comisión será la encargada de valorar los méritos de los postulantes a la Contraloría. A la par, se integrará una veeduría ciudadana para seguir el proceso.
En el reglamento se incorporó un test psicológico. Hay 14 requisitos, entre ellos, no haber sido dirigente de tiendas políticas en los últimos cinco años.
El concurso se extenderá entre ocho y seis meses, pero se espera hacerlo en menos tiempo. El Cpccs habla de un presupuesto aproximado de USD 400 000.
