La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional resolvió, por unanimidad, solicitar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) a que realicen una consulta a la Corte Constitucional (CC), sobre la situación actual de la Contraloría General del Estado.
Los integrantes del Cpccs comparecieron este miércoles 7 de julio del 2021 ante esa mesa legislativa, para informar sobre las acciones que se han adoptado para avanzar en el concurso de méritos y oposición para nombrar el nuevo Contralor, luego de que Pablo Celi renunciara al cargo el lunes último.
Según Sofía Almeida, presidenta del Cpccs, en estos días se cumplió la primera fase, que consiste en difundir el reglamento para tener observaciones ciudadanas, con el objetivo de “dar legitimidad” al nombramiento. El vicepresidente, David Rosero, dijo que la próxima semana se aprobará dicha norma, para que se pueda solicitar el presupuesto al Gobierno y realizar la convocatoria oficial. El concurso tomaría aproximadamente cinco meses.
Los consejeros recordaron que se trata de un “problema heredado” del Consejo de Participación Transitorio, que ratificó a Celi hasta que concluya el periodo para el que fue designado Carlos Pólit, excontralor y actualmente prófugo. Es decir, hasta marzo del 2022. Además, Almeida reiteró que la Corte Constitucional “blindó” esa decisión, con el dictamen interpretativo 219.
Almeida dijo que se solicitó a la Función de Transparencia y Control Social, integrada por la Contraloría, Cpccs y las Superintendencias, elevar una consulta a la Corte Constitucional, sobre la posibilidad de que se module el dictamen y se de luces sobre la viabilidad de un encargo, mientras se realiza el concurso de Contralor. Pero dijo que hasta el momento no se ha concretado el envío.
Tras la renuncia de Celi, Almeida dice que la Contraloría está en acefalía. Esa entidad, el 25 de junio pasado, anunció que Carlos Riofrío fue designado subcontralor amparado en reglamentos internos, pero su nominación genera dudas en la Asamblea.
La preocupación de Almeida y Rosero radica en quién estará a cargo de la Contraloría, mientras el Cpccs realiza el concurso de méritos y oposición para designar al Contralor por los próximos cinco años. Temen que los exámenes caduquen y que pueda haber vicios de nulidad en los procesos administrativos.
Por eso insisten en que la Asamblea haga una ley interpretativa de la Contraloría, para definir si se podría nombrar a un encargado, hasta que concluya el concurso para el Contralor definitivo.
Pero dentro del Cpccs hay criterios distintos. El consejero Hernán Ulloa, en cambio, cree que ese trámite legislativo podría tomar demasiado tiempo. Por ello propone que se realice una revisión exhaustiva de las credenciales profesionales de Carlos Riofrío, quien lleva actuando como subcontralor desde hace 12 días. “Ver que la persona encargada goce de credenciales profesionales, del perfil, para que pueda continuar con este encargo hasta que continuemos con el concurso” dijo.
El legislador Ricardo Ulcuango, de UNES, mocionó en la Comisión que el Cpccs envié directamente una consulta a la Corte Constitucional para “para dar una solución al nudo crítico que presenta la elección y designación del máximo titular de la Contraloría”. La propuesta tuvo apoyo unánime.